Con la designación de una jueza de Corte para conocer la solicitud de medida de coerción contra 21 implicados en el robo de más de mil kilos de cocaína de la Dirección Central Antinarcóticos (Dican), ingresa al ámbito de la justicia un escandaloso caso criminal que involucra a fiscales, oficiales, clases y alistados.

Esa entidad de la Policía, cuya misión es enfrentar al microtráfico, guardaba en sus almacenes grandes cantidades de drogas en calidad de cuerpo de delito que luego eran vendidas o devueltas a narcotraficantes en operaciones que envolvían decenas de millones de pesos.

Se identifican por lo menos tres operaciones de robo de drogas por propios oficiales y agentes de la Dican, en alegada complicidad con fiscales adjuntos, durante operativos realizados en Miches, Boca Chica y ensanche Isabelita.

Ese conciliábulo criminal que mantuvo por mucho tiempo relación con narcotraficantes estuvo integrado por gente a la que la sociedad le encomendó la tarea de prevenir, perseguir y procesar crímenes y delitos derivados del uso, consumo y comercialización de drogas.

Porque han sido implicados fiscales adjuntos y porque dos de los decomisos de drogas se realizaron en la provincia de Santo Domingo, el caso requiere que el juez instructor de ese escandaloso expediente corresponda a la Corte Penal de esa demarcación judicial.

El procurador Francisco Domínguez Brito y el jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, están compelidos a derribar todos los altares que resulten infectados, dentro o fuera de la Dican, en el entendido de que la implicación en ese robo de oficiales y fiscales constituye una particular afrenta para sus respectivas gestiones.

De la sustracción y venta de mil 200 kilos de cocaína se deriva también el crimen de lavado de activos procedente de una actividad ilícita, por lo que la población espera ver en el banquillo de los acusados a todo aquel que se benefició con efectivo o bienes adquiridos con dinero de la droga.

El Nacional, que ha dado estricto seguimiento noticioso al “dicanazo”, estará en primera fila cuando la jueza Wendy Martínez ordene apertura de audiencia, para cumplir con su deber de informar a la sociedad todos los pormenores de este escandaloso caso.