El anuncio del Presidente de la República de que los Fondos de Pensiones de los trabajadores podrían ser utilizados, previa modificación de la Ley, para dedicarlos a un masivo plan de construcción de viviendas y otras obras de infraestructura, ha desatado una polémica digna de ser analizada más profundamente.

En primer lugar, debemos decir que los fondos señalados ascienden a unos 68.000 millones de pesos, que están en bancos e instituciones financieras sin que los trabajadores tengan controles sobre el uso de su propio dinero.

La otra cuestión es que quienes argumentan que deben generar dividendos más sustanciales a través de inversiones, en este caso viviendas y otras obras, parecen tener razón en cuanto a que dichos recursos, ahora mismo, están sujetos a los riesgos que pueda afectar a cualquier banco.

Las voces opuestas dicen que los Fondos de Pensiones no pueden ser tocados ni con el pétalo de una rosa, olvidándose que son de los trabajadores, pero los patronos han aportado parte de las deducciones a sus servidores.

Otros se oponen por la tradición de que el manejo de fondos, ha sentado pésimos precedentes, porque hay una cultura de recelo contra todos aquellos que desde el sector oficial manejan fondos públicos. Las explicaciones están demás.

Suponiendo que se acepte la necesidad de poner a circular esos dineros, para viviendas y obras de necesidad social, nos parece que los mismos deben ser manejados por un patronato formado por instituciones como la Cámara Dominicana de la Construcción, el Colegio Dominicano de Ingenieros (CODIA), representantes de los patronos y de los trabajadores, grupos apartidistas y la Iglesia.

En 1998, por decreto del Presidente Fernández, una comisión donde participó la Cámara de la Construcción elaboró un anteproyecto de Ley de Contratación de Obras y Servicios del Estado que garantizaba la pulcritud y viabilidad para un manejo adecuado de las inversiones públicas. Sin embargo, ese Proyecto fue sometido al Congreso con modificaciones que lo alteraban sustancialmente.

Si se desea que los Fondos de Pensiones sean invertidos sin riesgos, consideramos que el viejo proyecto de Ley de Contrataciones sea retomado.

Creemos también que las viviendas a construir deben ser del tipo social, despojando los proyectos de aspectos políticos, para garantizar que las mismas sean adquiridas por los trabajadores, no por militantes de uno u otro partido.

En resumen, consideramos necesario poner freno a las distorsiones derivadas de la crisis que comenzó en Estados Unidos con el sector inmobiliario y terminó afectando a todos los países.

Ni los trabajadores, ni los patronos, como tampoco el propio Estado, pueden correr el riesgo de que sus recursos millonarios puedan ser severamente cuestionados si caen en manos de gentes permeadas por la política, pues eso significaría un enorme retroceso para la cacareada seguridad social dominicana.

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