El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reiterado su recomendación al Gobierno para que reduzca el impacto del endeudamiento externo en proporción al Producto Interno Bruto (PIB), eliminar el déficit fiscal y apretar aún más los controles del gasto público.

En su informe de conclusión de consulta sobre el comportamiento de la economía dominicana en 2014, el FMI ha advertido que sin ajuste mayor del déficit fiscal del sector público consolidado, sería difícil colocar la deuda pública actual (48%) en una trayectoria descendiente que la ubique en un deseado 35% del PIB.

La letanía de ese gendarme se atasca en la cuasi exigencia para que el Gobierno elimine en un periodo de tres años el déficit del sector público no financiero, algo así como enseñar al burro a no comer, porque también recomienda cumplir al pie de la letra la ley de recapitalización del Banco Central.

Reducir aún más el gasto público y eliminar el déficit fiscal no sería posible sin el cumplimiento previo de otras recomendaciones del FMI, como disminuir las exenciones impositivas, que suman 125 mil millones de pesos al año (4.2% del PIB), y restringir las transferencias al sector eléctrico, estimadas en US$1,500 millones (2% del PIB).

En ese informe, que se corresponde también con el segundo seguimiento al programa de monitoreo del FMI a la economía, no se destaca la necesidad de emprender en lo inmediato una reforma tributaria, aunque sus sugerencias básicas (disminuir déficit, reducir gastos, eliminar exenciones, fortalecer reservas del BC), conducirían por ese camino.

Las finanzas públicas quedan exhaustas con las transferencias de más de 60 mil millones de pesos al subsector eléctrico, 30 mil millones para reducir el déficit cuasi fiscal del Banco Central, 25 mil millones para el Gabinete Social, además de 125 mil millones en Gastos Tributarios (exoneraciones, exenciones fiscales).

En ese legajo de sacrificio no se menciona el servicio de la deuda pública, que supera siempre los 70 mil millones, por lo que resulta muy difícil que el Gobierno pueda cumplir con el reclamo del FMI, de apretarse aún más la correa, al menos no sin correr riesgo de asfixiarse.

Ojalá que más temprano que tarde Gobierno, sector productivo, clase política y sindicatos asuman la responsabilidad de consensuar una auténtica y justa reforma fiscal y tributaria que ayude a promover empleo, riqueza, equidad y justicia. Antes de que el burro perezca por inanición.