Madrid, (EFE).- El Gobierno español puso en marcha hoy el proceso para la exhumación de Francisco Franco, fallecido en 1975, pese a que la familia del dictador ha advertido de que recurrirá a la Justicia para impedirla.

El Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez aprobó el pasado 24 de agosto un decreto para llevar a cabo la exhumación, en el que se fijaba la fecha del 31 de agosto para comenzar los trámites de ese proceso, tal y como aprobó hoy.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, aseguró hoy que las “amenazas” de la familia Franco no impedirán la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos, un monumento que él mismo mandó construir tras la Guerra Civil española (1936-1939). “Ya hemos tardado bastante. Vamos a ello, no cambia nada”, dijo Celaá, que insistió en que “no puede haber ningún mausoleo en un sistema democrático para un dictador».

Precisamente el Gobierno utilizó al fórmula del decreto ley para blindar la exhumación de Franco desde el punto de vista legal y evitar que eventuales recursos pudieran hacerla descarrilar. A partir del acuerdo de hoy, la familia Franco tiene quince días para presentar alegaciones y comunicar el lugar donde quieren trasladar los restos y, en caso contrario, el Gobierno decidirá dónde se hará la nueva exhumación, asegurando una “digna sepultura».

Los familiares de Franco advirtieron ayer de que recurrirán a la justicia por considerar que el Gobierno cometería un delito de prevaricación con la exhumación, que consideran ilegal y que califican de “profanación de sepultura». Todo el procedimiento de exhumación tiene una caducidad de un año a partir de hoy, aunque desde el Ejecutivo se mantiene que “para Navidades”, puede estar terminado.

El general Francisco Franco fue enterrado con todos los honores en la Basílica del Valle de los Caídos tras su fallecimiento a los 82 años en noviembre de 1975, bajo una lápida de 1.500 kilos. Además de la exhumación de Franco, Pedro Sánchez ha anunciado que creará una Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil española y la dictadura (1939-1975). Con estas propuestas se ha reavivado un debate recurrente en la sociedad española sobre la manera de afrontar la memoria de ese periodo histórico, que no se ha resuelto después de más de cuarenta años de democracia. Mientras que partidos de izquierda y grupos sociales progresistas consideran que es necesario reclamar la memoria de las víctimas del franquismo, otros defienden que no hay que mirar al pasado porque abriría heridas.

Esta disparidad de criterios se verá en el Congreso de los Diputados cuando los grupos políticos tengan que convalidar el decreto del Gobierno, que previsiblemente saldrá adelante. Los partidos de izquierda apoyarán la medida, mientras que el conservador Partido Popular (PP) y Ciudadanos (liberales) han anunciado que se abstendrán porque no la consideran oportuna. Tras la prevista exhumación de los restos de Francisco Franco está pendiente de decidir qué uso se dará al Valle de los Caídos, considerado el principal símbolo del Franquismo y donde, además del dictador, está enterrado José Antonio Primo de Rivera, fundador del partido fascista español Falange.

Franco ordenó su construcción después de la Guerra Civil y en ella participaron presos republicanos, que hacían así trabajos forzados. Además de Franco y José Antonio están enterrados miles de víctimas de la guerra civil, tanto del bando franquista como de la República, el sistema político legal en España en 1936. Por ello, la última propuesta de Sánchez es que sea un cementerio civil por considerar que es muy difícil que se reconvierta en un espacio de reconciliación, como había propuesto en un principio, dado que tradicionalmente se ha identificado con el franquismo. EFE