Si la Defensoría del Pueblo no puede proteger a los pacientes de las clínicas, ni Pro-Consumidor, el Ministerio de Salud Publica debería crear una oficina solo para esos fines.
Me explico:

Las clínicas se han inventado ahora una tarifa mediante la cual los pacientes asumen sus gastos, si es que los tienen, relacionados con la prevención del COVID.

Así, cuando usted va a pagar la cuenta que le corresponde por su cita médica le entregan un recibo por la “prevención del COVID”. Pregunté cuáles eran esos gastos, pues la clínica no le regala al paciente una mascarilla, no facilita el alcohol o la gelatina antiséptica, ni una bata, o una gorra.

El, o la, paciente lleva todos esos elementos en la cartera y lo único que hace la clínica es tomarle la temperatura cuando uno llega y asignarle un asiento intercalado para el distanciamiento.
Eso cuesta entre cien y ciento cincuenta pesos, que no están justificados, pero que se pueden pagar. Lo que no se explica es que la Clínica Abreu, ahora en manos venezolanas, le cobre al paciente ochocientos pesos adicionales a la tarifa médica, que no puede justificar y que lo hace sin ningún reparo, sencillamente ejerciendo su “derecho a la ganancia”.

Empero, el derecho a la ganancia tiene que tener alguna proporción con la situación de la gente y el país, porque si una consulta cuesta mil o dos mil pesos, dependiendo del médico, usted no puede multar al paciente con ochocientos pesos que no puede justificar.
Estos abusos a las víctimas del sistema médico incontrolado que padecemos, sometidos todos al mal llamado capitalismo salvaje del sector médico, también se aplica a las aseguradoras.

Usted presenta su tarjeta de seguro y de pronto le dicen que su consulta no está cubierta, ni los exámenes, y usted pregunta por qué. Le informan que hay que ir a la oficina central, al margen de su condición física, su dolor, o limitaciones de movilidad, para que le informen.

Usted va y pregunta y le dicen que tiene que regresar donde su empleador para que este explique lo que está sucediendo con su tarjeta. Y usted coge otro taxi y vuelve a su oficina.

Allá, en Recursos Humanos, le informan que la Palic se ha unido a otra aseguradora, MAPHRA, creo, y que como están en proceso de reorganización todo cambio está detenido, además por la crisis del COVID, hay un retraso de un par de meses, que no se le ocurrió ni a Recursos Humanos ni a las ARS informárselo a los usuarios.

¿Quién nos defiende?

O, ¿Nos suicidamos?

Por: Chiqui Vicioso

luisavicioso21@gmail.com