A pesar de su efectividad y de que no tienen costo alguno para el Estado, los tribunales emiten pocas sentencias ordenando la colocación de localizadores electrónicos para evitar los “acercamientos victimarios” que afectan principalmente a mujeres objeto de violencia por parte de hombres.
Se trata de un novedoso sistema que opera mediante ley y que permite ver en tiempo real los movimientos y ubicación de las personas que los utilizan.
De acuerdo a expertos en la materia, la colocación de estos “grilletes” contribuye de manera significativa a la prevención de crímenes intrafamiliares.
En septiembre de 2013, en San José, Costa Rica, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el crimen relacionado a la violencia doméstica como “el crimen de mayor crecimiento en América Latina”.
El director del Cuerpo de Probatoria en República Dominicana, Martín Almonte, lamentó que los jueces no utilicen ese mecanismo como método para prevenir la violencia contra las mujeres.
Consultado al respecto declaró que la empresa Fennix Global Technologies hizo una donación de 120 localizadores electrónicos a la Red de Abogados Católicos en el país, pero “estos no han podido ser usados en favor de la no violencia contra la mujer, debido a que el Poder Judicial no ha emitido sentencias en ese sentido”.
En el país hay pocos antecedentes de tribunales que han impuesto la colocación de estos localizadores como medida de coerción a potenciales agresores de mujeres.
El primer antecedente judicial en ese sentido lo impuso el año pasado el juez José Alejandro Vargas, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Almonte recordó que en esa ocasión, Vargas acogió una solicitud del fiscal adjunto, Luis Arias Encarnación, en representación de Carnenny Camilo, procuradora fiscal de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales, y dictó una medida cautelar en ese sentido.
De ahí en adelante, percisó Almonte, por lo menos 15 personas se encuentran bajo el monitoreo de localizadores electrónicos, luego de habérseles dictado medidas de coerción.
Las medidas de coerción de imposición de localizadores se implementan en el país desde el enero del 2016, cuando el Consejo del Ministerio Público otorgó autorización a la compañía Monitoreos Dominicana de Fénix Global Technologies como prestadora de servicios mediante la colocación de localizadores electrónicos a personas sujetas a dicha medida de coerción.
La resolución emitida por el Ministerio Público está contenida en el Acta número 0001 del 22 de enero del año 2016.
Previo a esta resolución, el Consejo Superior del Ministerio Público aprobó el Reglamento para el uso y habilitación de las prestadoras del servicio de los localizadores electrónicos, cuya acta número 005 fue firmada el 29 de abril de 2014.
