Como si se tratara de un guion en que solo cambian los actores y algunos matices, el caso de los supuestos sobornos para conseguir contratos de servicios de seguridad en oficinas públicas remite a las investigaciones sobre los pagos ilícitos admitidos por las compañías brasileñas Odebrecht y Embraer para adjudicarse obras y vender aviones al país.

También esta vez los resultados están por verse, no propiamente porque la aparatosidad con que se ha iniciado la pesquisa, muy característica del Ministerio Público, haya sido la misma en cada uno de los casos.

Todavía resuena en la memoria la afirmación del entonces procurador Jean Alain Rodríguez cuando dijo que la investigación de los 92 millones de dólares en sobornos pagados por Odebrecht supuso cientos de horas a un equipo de expertos que incluía a técnicos independientes y asesores externos.

Al final el proceso colapsó por falta de pruebas contra imputados seleccionados políticamente por el Ministerio Público. El caso de los aviones Tucano, en que la empresa vendedora reconoció que había pagado sobornos e incluso identificó a un legislador, corrió la misma suerte que el de Odebrecht. Y todo a pesar de que la entonces directora de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, proclamó que había varios congresistas beneficiados con los pagos ilícitos para las naves. Además de la impunidad ambos escándalos tienen en común que los sobornos fueron para Odebrecht sobrevaluar las obras y Embraer los aviones.

Tal cual una réplica de la investigación del caso Odebrecht, el Ministerio Público, para sustentar el alcance de la investigación de los supuestos sobornos en oficinas públicas, informó que durante el operativo, consistente en 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y Santiago, fueron detenidos 15 militares y empresarios y participaron 189 policías y 26 fiscales. En el alboroto no ha quedado claro si la seguridad en las Ede, Inaipi y Senasa corre a cargo de las oficinas o alguna otra instancia, porque en la pesquisa no se ha citado a ningún funcionario relacionado con los alegados sobornos.

Tal parece que los militares y exmilitares detenidos eran los responsables de contratar los servicios de seguridad que pagan, sin aparentes reparos, las Ede, Inaipi y Senasa.

Tampoco está claro si los nombramientos lo hacían en las oficinas o en alguna otra instancia. El silencio de los titulares aumenta más las conjeturas sobre el modus operandi. Los cabos sueltos que desde ya se notan tendrán que dilucidarse para que no ocurra lo mismo con escándalos de corrupción caracterizados por exclusiones que hoy permanecen impunes. Y que recuerdan al coronel Piccini y la compra de los aviones Tucano.