La Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que participó en la observación de las elecciones de mayo 15 ha rendido un informe con obvio tinte diplomático, pero con oportunas recomendaciones sobre sobre cómo garantizar mayor transparencia en futuros eventos comiciales.
Los comisionados de la OEA resaltaron que el 69% de la población inscrita en el padrón electoral ejerció su derecho al sufragio durante el proceso de votación, cuyos resultados favorecieron la reelección del presidente Danilo Medina.
En el informe leído por el ex presidente de Colombia Andrés Pastrana, se resalta también el desempeño de los funcionarios y delegados políticos de colegios electorales, que con el concurso de las autoridades de la Junta Central Electoral lograron sortear numerosos inconvenientes.
Al tomar nota de denuncias de partidos de oposición sobre supuestas irregularidades antes, durante y después de las votaciones, la misión de la OEA centró su informe en sugerir reformas a la Ley Electoral, para que promueva mayor equidad en el financiamiento público a los partidos.
La separación de las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales constituye otra sugerencia del informe la OEA. Así ya está establecido en la Constitución en el caso de las municipales, para aplicarse a partir de las elecciones de 2020.
Se considera razonable el criterio de la misión de la OEA respecto a la implementación de innovaciones tecnológicas en el ámbito electoral, que debería ser paulatina y permitir que los partidos y la sociedad estén preparados para cambios tan significativos.
Alivia saber que un informe de la OEA, esta vez sobre observación electoral, no está infectado por ningún virus de intervencionismo, sino que ofrece valiosas recomendaciones jurídicas y técnicas, que de tomarse en cuenta redundarían en beneficio de la democracia política y consolidarían el derecho de los ciudadanos a escoger libremente a sus autoridades.
Gobierno, oposición y sociedad no deberían leer al revés tan oportuno documento. Lo mejor sería que las recomendaciones de esa comisión de observación electoral se incluyan en la agenda de discusiones sobre nuevas leyes de partido, electoral y de financiamiento.