Al concluir los debates ayer sobre la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra 13 de los 14 imputados por el caso Odebrecht, el juez Francisco Ortega Polanco ordenó recesar la audiencia hasta las 4:00 de esta tarde para motivar y pronunciar su sentencia.

La sociedad debería expresar complacencia porque la audiencia preliminar de uno de los casos de mayor relevancia en la historia de la judicatura nacional cumplió con todas las formalidades del debido proceso.

Los fiscales defendieron su fardo acusatorio, aunque admitieron fallos y errores en la presentación de cifras sobre depósitos o patrimonios atribuidos a imputados, al tiempo que reiteraron su único dictamen de 18 meses de prisión contra todos los encartados, como medida de coerción.

Los abogados de la defensa recibieron a tiempo los documentos que sustentan o validan el presupuesto de imputaciones elaborado por la Procuraduría General, por lo que no confrontaron problemas para refutar ese memorial de agravios.

Los imputados presentaron sin ningún tipo de restricción sus argumentos de defensa o de rechazo a las imputaciones en su contra, sin que ninguno se quejara sobre violación a sus derechos procesales.
El magistrado Ortega Polanco distribuyó el tiempo de exposiciones de manera equitativa para las diferentes barras de defensa y para los togados del Ministerio Público, por lo que puede decirse que hubo absoluta garantía de igualdad para todos los intervinientes.

La ciudadanía tuvo la oportunidad de seguir el juicio por televisión, por lo que los espectadores tienen la libertad de elaborar su propio juicio sobre la culpabilidad o no de cada uno de los encartados, aunque solo la sentencia que emitirá el juez tendrá valor y consecuencia jurídica.

Como ocurre en todo proceso judicial con ribetes históricos, en la sala de audiencias de la Suprema Corte de Justicia, ayer se inició también juicio a la clase política y al propio orden judicial, compelidos a demostrar ante la nación su vocación y voluntad de promover transparencia y de aplicar la ley.