El Derecho Administrativo en la República Dominicana ha venido dando pasos agigantados en las últimas décadas de la mano de un robusto cuerpo jurisprudencial, un brote doctrinario interesante y una práctica que ha suponido grandes efectos positivos a favor del ciudadano común. Sin embargo, a pesar de los éxitos atribuibles al Derecho Administrativo y los beneficios que hasta ahora ha brindado a la ciudadanía, a este se le avecina un momento difícil por los efectos secundarios, generalmente puestos de lado, que este está teniendo en los sectores regulados de la economía y lo que eventualmente podría provocar con ello.

La mayoría de los sectores económicos regulados están estancados en aspectos de competencia, innovación, precios y calidad. Pasando revista por sectores tales como telecomunicaciones, energía, seguros, mercado de valores, pensiones, seguros de salud, servicios financieros, etc. la economía sectorizada de República Dominicana luce rígida y estancada a décadas detrás del resto del mundo.
El aspecto colocado en el punto ciego del Derecho Administrativo dominicano está teniendo efectos palpables en la economía real.

Los actores económicos regulados tienen un desincentivo activo de cuestionar o atacar los criterios administrativos de sus reguladores.

Dicho claramente, las empresas reguladas se sienten obligadas a acatar las disposiciones de su regulador, sin importar que tan descabelladas, irrazonables o de legalidad cuestionable sean, por temor a que un hipotético revanchismo administrativo pase factura en el futuro.

En esencia, el Derecho Administrativo dominicano genera lo que se podría explicar con un paralelismo donde un hombre o mujer lleve a su esposa o esposo a un tribunal para dirimir sus diferencias, y esperar que después de dictada la sentencia a favor o en contra de uno, ambos vuelvan a dormir tranquilamente en la misma cama.

Esa es una idea que claramente los actores económicos no han comprado, lo que se evidencia en el mismo cuerpo jurisprudencial administrativo donde la notable minoría de los casos judicializados envuelven demandas de actores regulados a acciones de su regulador.

Las consecuencias de esta situación son palpables a nosotros, los consumidores finales, que somos los principales afectados por las rigideces institucionales en los proveedores de bienes y servicios que consumimos, y los que movilizamos el actual boom administrativista con nuestras quejas, la mayoría justificada.

Quisiera decir que existe una luz al final del túnel respecto de este problema, pero la realidad es que desde reguladores, legisladores, jueces y los mismos consumidores y usuarios es probable que estos siquiera entiendan por qué esto es un problema. Tan así que es probable que esto llegue al punto de inflexión hasta explotar en nuestras caras y no sea considerado como el problema, pero sí, esto atiende a la raíz de mucho de nuestros problemas, y puede que por mucho tiempo sea ignorado.