Un grupo de diputados de los tres partidos mayoritarios sometió un proyecto de ley que aumenta a 140 mil pesos mensuales el monto de las jubilaciones otorgadas a legisladores, además de beneficiar con pensión de RD$110 mil al mes a congresistas que trabajen durante un solo periodo.

Se tenía entendido que senadores y diputados ostentan la condición de servidores públicos que deberían someterse a los designios del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Estado, pero, como maná que baja del cielo, aprobaron hace tiempo su propia ley que ahora pretenden modificar para obtener mayores beneficios.

Alguien debería recordarles a los honorables legisladores que el Congreso de la República no genera fondos para sustentar un plan de pensiones y que tampoco pueden legislar en beneficio propio y único. Hasta donde se tiene conocimiento, la condición de diputado o senador no es ni se acerca a la de un rey o un príncipe.

Del otro lado

El Senado convirtió ayer en ley el proyecto que extiende por 90 días el plazo para que las personas nacidas en el país hijos de extranjeros en condición migratoria irregular se inscriban en el Registro Civil, plausible iniciativa que parece condenada al fracaso porque la mayoría de los haitianos que se encuentran en esa condición carecen de documentos de identidad.

Los beneficios de la Ley 169-14 han estado siempre a disposición de las personas residentes o nacidas en territorio dominicano afectadas por la sentencia 168-13 que declara irregular su condición migratoria, pero por carecer de documentación no han podido acogerse a ese estatuto.

El gobierno de Haití alega carecer de recursos para inscribir a todos sus nacionales en un Registro Civil y poder dotarlos de certificados de nacimiento, cédula de identidad o pasaporte, por lo que miles de inmigrantes de ese país no pueden probar siquiera la autenticidad de propios nombres.

La extensión del plazo para que esos indocumentados y sus hijos regularicen su situación migratoria se produce en medio de la indignación que ha causado la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra República Dominicana por alegadas deportaciones sumarias.

Ese fallo ilegal, y aberrante pretende desconocer la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el alcance de la nacionalidad, por lo que hay quienes definen como innecesario el Plan de Regularización Migratoria, porque en virtud de esa sentencia todo extranjero nacido aquí sería dominicano. Así lo creen del otro lado.