Al Gobierno no le queda otro camino que retornar a su antiguo rol de invertir y ser propietario de proyectos de generación de electricidad, ante la inercia del sector privado de suplir el vertiginoso crecimiento de la demanda eléctrica, cuyo déficit ya supera los cuatro mil megavatios. Desde que se instituyó en 1997 la Ley General de Reforma de la Empresa Pública, el Estado entregó a la iniciativa privada nacional y extranjera la dirección de las empresas generadoras existentes, así como la facultad de ampliar la capacidad instalada, lo que no se ha cumplido 17 años después.

En vez de expandir de manera sostenida la oferta de generación eléctrica, el sector privado se deshizo de las empresas distribuidoras de electricidad que retornaron a manos del Estado, una de ellas, -Edeste- tras el pago de una compensación millonaria para evitar arbitraje internacional.

La ley de reforma del sector eléctrico a nivel de generación y distribución ha resultado un fracaso, lo mismo que el estatuto de reforma de la industria azucarera, lo que ha devenido en mayores problemas financieros para el Gobierno y retraso en el cronograma nacional de desarrollo.

Es por eso que se define como salida razonable, útil y oportuna la decisión del presidente Danilo Medina de enviar un proyecto de ley al Congreso que devuelve a la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales la capacidad para invertir y regentear proyectos de generación eléctrica, pues el Estado está en obligación de suplir la deficiencia o incumplimiento del sector privado.

El Gobierno ha dispuesto la construcción de dos plantas de generación eléctrica a carbón que aportarían unos 770 megavatios, lo que permitiría impulsar el cambio en la matriz de generación de electricidad hacia combustibles de menor costo y disminuir las onerosas transferencias desde el Presupuesto del Estado a la CDEEE.

Aunque las autoridades adelantan que sería transitoria la facultad que la ley otorgaría a la CDEEE para incursionar en el mercado de generación eléctrica, lo deseable sería que esa intervención se prolongue por el tiempo que sea necesario hasta desalojar del sector toda rémora de prácticas desleales de comercio, incluido el oligopolio.

Aunque supone un gran sacrificio en término de inversión, de casi dos mil millones de dólares, la decisión del Gobierno de recuperar su facultad de construir y regentear plantas de producción eléctrica constituye el mejor y más corto camino hacia una solución definitiva de la dilatada crisis del subsector eléctrico.