El pacto eléctrico que por fin se acaba de firmar de ninguna manera representa la cura de todos los males del estratégico sector, pero es sin duda otro paso importante para enfrentar un desafío que por años ha impactado negativamente en la economía y lastrado el desarrollo de la nación.

En medio de una pandemia como la del coronavirus y sus terribles consecuencias la coyuntura resulta apropiada para el mensaje que transmite el convenio, sin ser acabado ni perfecto, a favor de la transparencia y el fortalecimiento del sistema institucional.

En el acuerdo son muchos los puntos dignos de la mayor ponderación. Sin embargo uno de los más importantes, como dijo en su discurso el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, es el compromiso del presidente Luis Abinader de impulsar su cumplimiento, consciente de que es fundamental para generar confianza, atraer inversiones y eliminar las distorsiones. Desde la capitalización que transformó la producción y distribución de electricidad se trata de una reforma para adecuar el sistema.

Ese compromiso lo abona la decisión del Gobierno de implementar los temas que exigía para suscribir el pacto el hoy partido en el poder cuando estaba en la oposición.

Son ellos, entre otros, las auditorías a las distribuidoras de electricidad, la unificación de los consejos, la eliminación de otro como el de la UER, auditar la ejecución de Punta Catalina, un plan de licitaciones de nueva energía, la transformación de la CDEEE y transparentar el sistema tarifario y de subsidios.

Los avances experimentados por el sector no fueron relegados por el funcionario, como se estila, sino reconocidos.

Destacó, por ejemplo, la mejoría en la producción con el incremento de la capacidad de generación.

Sin embargo precisó que el área exhibe todavía graves déficits financieros y de gestión en el subsector de distribución, así como retrasos en inversiones en transmisión, limitado aprovechamiento de las fuentes renovables y una débil regulación e institucionalidad. En ese contexto, como advirtió, es más que necesario eliminar distorsiones y sobrecostos que afectan la competitividad del mercado de energía.

El acuerdo no es solo una necesidad, sino que se inscribe dentro de las reformas que recorren América Latina y que han impactado de manera positiva en el desarrollo de varios países.

Las autoridades admiten que no es perfecto ni se firmó para salir de paso. Pero la verdad es que de esperar que se dieran todas las condiciones el acuerdo no se suscribiría nunca.

Es importante que los 14 puntos en los que no hubo acuerdo sean abordados en próximas convocatorias del Consejo Económico y Social, para evitar que se hable de pato cojo.

Por: Luis Pérez Casanova

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