Puede no tratarse de una política de Estado, trazada por la presente administración, a la que se tiene que reconocer su respeto a la independencia de los poderes, pero el curso de la lucha contra la corrupción no deja dudas de que en la práctica se ha impuesto -o se inadvierte que el pasado ha quedado atrás. El presidente Luis Abinader ha destituido funcionarios hasta por la simple organización de una rifa para su reelección, mientras grandes escándalos del pasado permanecen -y tal parece que permanecerán- impunes.
Las sanciones que se han dispuesto, sin importar que en muchos casos luzcan excesivas ante la dimensión de las supuestas faltas, hablan bien del compromiso de Abinader con la transparencia financiera y administrativa. Se tiene que estar de acuerdo en que de ninguna manera se puede tolerar que se reproduzcan los vicios de otros tiempos o esa perniciosa cultura de utilizar el poder como una suerte de botín de guerra.
El escándalo en el Intrant con la suspensión y anulación por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas del convenio para la modernización y agilización del tránsito ratifica la determinación de la filosofía del Gobierno de cerrar el paso a cualquier soplo que pueda ensombrecer su reputación. Y bien vale resaltar, no obstante mucha tela que cortar, que en el caso no se ha hablado de sobrevaluación, demora ni mala calidad de los aparatos, sino de suspicaces irregularidades, como si se tratara de una cacería de brujas, en la legitimidad de la firma adjudicatoria.
Mientras Kimberly Taveras fue destituida como ministra de la Juventud por denuncias sobre su patrimonio y su sustituta Luz del Alba Jiménez porque supuestamente pidió que se tomara en cuenta a una empresa en una licitación, permanecen en un limbo las investigaciones emprendidas por el Ministerio Público en torno a auditorías y bienes declarados por legisladores salientes y entrantes, sin mencionar procesos que marchan a pasos de tortuga. A estas alturas no existe la menor ilusión de que se avanzará en las pesquisas para establecer responsabilidades sobre alegadas estafas al Estado.
La sociedad se ha rendido ante la realidad de los hechos, marcados por una impunidad lacerante, que cada día se hace más evidente. Las masivas marchas en demanda de que se aclaren grandes escándalos hoy brillan por su ausencia. El borrón y cuenta nueva se ha impuesto como una dolorosa verdad. Por más explicaciones que se busquen no se encuentra otra conclusión que la ausencia de voluntad, al margen de factores como una estructura burocrática que responde más al pasado que al respeto a las instituciones.