El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Roberto Rosario, declinó la asistencia de esa institución a la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y opinó que el Estado no debería participar en esa audiencia que abordará el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional que fija el alcance de la nacionalidad.

Durante el 150 Periodo de Sesiones de la CIDH, se conocerá un informe elaborado por una misión de ese organismo internacional que visitó República Dominicana para indagar supuestas violaciones a derechos de inmigrantes de origen haitiano que habrían sido “desnacionalizados” por esa sentencia.

El doctor Rosario alega que esa comisión hizo un levantamiento fijando una posición contaminada con alto nivel de prejuicio, por lo que el Gobierno no debería tolerar que una o varias entidades internacionales presionen al país con actitudes injerencistas.

Es obvio que el titular de la JCE no puede pedir a la Cancillería que no envíe representación a la audiencia de la CIDH, porque esa decisión correspondería exclusivamente al presidente Danilo Medina, pero los argumentos expuestos por ese funcionario son enteramente válidos. Los comisionados de ese organismo no ocultaron sus prejuicios en torno al contenido y alcance de la sentencia del tribunal Constitucional, ni aun en su mandato al Gobierno y poderes vinculantes para que regularicen la situación migratoria de indocumentados.

Por el contrario, esa avanzada imperial emitió juicios de valores y expresiones intimidantes que colisionan con elementales normas diplomáticas y el principio de soberanía nacional, por lo que no se puede esperar que en esa sesión no afloren los mismos prejuicios.
Un dato extremadamente grave revelado por el doctor Rosario se refiere a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se arroga el derecho de escoger a los funcionarios dominicanos que deben representar al país en su 150 periodo de sesiones. Hasta ahí no se debería llegar.

Quizás no sea del todo aconsejable que República Dominicana no asista a ese escenario, pero el Gobierno debe hacer saber su rechazo a las presiones de la CIDH, con el envío a su audiencia de una misión técnica de mínimo nivel, solo para llenar requisitos. Porque no se acude voluntariamente al patíbulo.