Un nuevo feminicidio marcó la gravedad del fenómeno de la Violencia Contra las Mujeres, VCM, en nuestro país, cuando Chantal Jiménez, de 25 años, fue asesinada por Jensy Graciano, de 35 años que luego del hecho se suicidó.

Esta víctima, estaba registrada en el sistema de la justicia y con una Orden de Protección, en este caso, de alejamiento.
Para emitir una orden tal, es necesaria la intervención de un juez o jueza de la instrucción, quien lo hace de manera administrativa a solicitud del Ministerio Público y aunque su violación no se sanciona, si permite que el cuadro del victimario se agrave en caso de reincidencia, como también permite que, con ella, sea apresado en flagrancia.

Al igual que otras denunciadas a través de las redes, en esta muerte violenta la justicia está implicada.
Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Aun existiendo legislación y sabiendo que más del 50% de las denuncias que llegan a la justicia son de VCM.

A pesar de conocerse que un agresor es riesgo de muerte para la víctima y que, si el caso llegó al sistema, es obligación protegerla.

No hay respuesta eficaz en la justicia entera para la complejidad del fenómeno de la violencia basada en el género contra las mujeres y las niñas, y se ha establecido una burocracia que, no solo no entiende lo que tiene entre manos, además, funciona sin presupuesto adecuado, con poco personal trabajando en condiciones de permanente estrés que considera “hace lo que puede” y que hace siempre lo mismo.

A pesar de protocolos teóricos y publicados en actividades mediáticas.
A pesar de que hay personas capacitadas en el Ministerio Público y en la Judicatura, con sensibilidad, pero sin presupuestos, ni poder, atrapadas en un organigrama que es político, sexista, exclusivo, ciego al fenómeno y revictimador.

Pero, en cada muerte violenta de dominicanas, inexorablemente está implicado el poder gubernamental del país responsable de la administración y redistribución de los recursos, por la práctica política corrupta instalada y sostenida, que no permite mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y, en este caso, de la mitad de este país.
Y para eso, no ha habido cambio.

El 4 de enero de 2020, en plena campaña, el actual presidente prometió que, en su gobierno, implementaría y redefiniría una serie de políticas enfocadas a reducir al mínimo los asesinatos de mujeres por sus parejas y ex parejas.