La población ha rechazado, tal vez por primera vez en la historia, la condición de apartidista para integrar la Junta Central Electoral (JCE). Sin embargo, el PRM está aferrado a una posición, que en el pasado podía tener, validez de que los miembros del cuerpo que organiza las elecciones y controla el Registro Civil sean independientes de los partidos políticos.

Como la población se ha expresado contra el apartidismo como condición sine quo non para escoger los integrantes del tribunal, y a simple vista no se observa consenso entre los partidos, surge la interrogante de si el PRM cuenta con alguna coartada para dejar a su mayoría senatorial en libertad para efectuar la elección.

El expresidente Leonel Fernández declaró tras un encuentro con el presidente Luis Abinader que el perfil de los candidatos para la JCE, y se supone que también para el Tribunal Superior Electoral (JCE) y la Cámara de Cuentas, había sido acordado. Pero el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sorprendió al denunciar que el PRM maniobra para imponer su mayoría en la elección de los integrantes del órgano electoral.

Los desencuentros dificultan el consenso, con el ingrediente adicional de que senadores de las diferentes fuerzas han favorecido la selección de militantes políticos, siempre que llenen determinados requisitos, como miembros del tribunal. Se trata de una clara disyuntiva, sobre todo para el partido en el poder.

Sería inconcebible que el PRM invoque un principio alejado de la dinámica social como la coherencia para defender su posición. Es dable pensar que tiene alguna carta debajo de la manga para usarla frente a un previsible tranque en las negociaciones para consensuar los candidatos.

¿Qué ocurriría si, por ejemplo, Fuerza del Pueblo y el PLD objetan a los candidatos de la sociedad civil y se decantan para que gente suyas integren el tribunal para velar por sus intereses y contar con una cuota de poder, aunque sea mínima?
Antes que el apartidista, el criterio que prevalece es que el presidente y los miembros de la JCE sean ciudadanos íntegros y respetados, cuya trayectoria garantice que asumirán sus labores con responsabilidad e independencia, sin importar su simpatía o militancia política.

Intriga, por demás, que Abinader pueda reclamar eficiencia y probidad a los funcionarios de su Gobierno, pero que niegue la posibilidad a los matriculados en el PRM de demostrar que poseen la dignidad, capacidad y rectitud para dirigir con independencia, eficiencia y decoro un órgano que ya no tiene por qué ser tan conflictivo.

Menos aún con una opinión pública empoderada, presta a tomar las calles y reclamar transparencia frente a cualquier irregularidad.

Por: Luis Pérez Casanova
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