Un aspecto del Presupuesto General del Estado 2015 que nunca fue objeto de debate ni ponderación por Gobierno, partidos y actores de la economía ha sido el relacionado con el gasto tributario, que se refiere al monto que el fisco deja de percibir al otorgar tratamiento preferencial a diversos sectores productivos.

Para 2015, las exenciones, exoneraciones y deducciones tributarias ascenderán a RD$201,751.9 millones, equivalente al 6.7% del Producto Interno Bruto, 80 mil millones más de lo que el Gobierno invierte en educación (4%).

No se trata de satanizar el tema del gasto tributario; a lo que se aspira y se espera merecer es a que el Gobierno ofrezca una explicación de los objetivos estratégicos de esa suerte de inversión pública, que en principio se entiende que procura estimular la expansión o crecimiento de sectores y actividades económicas.

Aunque las autoridades afirman que aplican medidas para fiscalizar, racionalizar y contabilizar las exenciones y exoneraciones fiscales, lo cierto es que la impresión que se tiene es que ese renglón equivale a una especie de rumba y baile, porque no se conoce de ningún estudio sobre resultados de tan elevado sacrificio tributario.

El mejor ejemplo lo constituye el sector transporte, al que el Gobierno le exonera decenas de millones de pesos en combustibles, pero sus líderes empresariales rehúsan rebajar diez pesos al pasaje, a pesar de que los precios de la gasolina y el gasoil han experimentado una sostenida baja.

Sectores de la agricultura de exportación, como bananos, vegetales orientales y frutos, manejan carteras en conjunto de más de 500 millones de dólares anuales, sin que se sepa cuándo estarán en condiciones de aportar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

No resultaría tan onerosa la renuncia al cobro de más de 200 mil millones de pesos en impuestos y tasas, si alguna vez el Estado y sector productivo firmaran un pacto fiscal que permitiera una reforma tributaria integral, para aumentar la presión fiscal (porcentaje del ingreso tributario con relación al PIB).

No puede haber garantía de desarrollo económico ni equidad social, con una presión tributaria de tan solo 14% en proporción al PIB, frente a un gasto público comprometido de un 17%, con el agravante de que el Gobierno debe transferir al sector eléctrico casi un 4% del PIB (US$1,500 millones).

Se requiere debatir todo lo relacionado con gasto tributario, presión fiscal y déficit del sector público, porque ahí está el problema.