El presidente Danilo Medina ha enviado al Congreso Nacional -vía Cámara de Diputados- un proyecto de ley sobre naturalización especial muy cercano al ideal de justicia, respeto a la soberanía y al derecho de toda persona a contar con una identidad. Lo primero es que el Estado reconoce su falta imputable porque a través del Oficial Civil entregó actas de nacimiento a hijos de extranjeros que no cumplían con los requisitos de ley, personas que hoy actúan bajo la presunción de que gozan de la nacionalidad dominicana.
En el proyecto de ley se propone regularizar esos documentos bajo la premisa de que sería “la forma más justa, rápida y definitiva” de terminar con la incertidumbre de esas personas y sus descendientes, lo que constituye una muestra de que en República Dominicana no se promueve exclusión ni discriminación.
Esos ciudadanos que cuentan con documento oficial y que se acogerían a los beneficios de la nacionalidad por vía de la Ley Especial de Naturalización, figuran inscritos en el Registro Civil desde 1929 hasta 2007, y son descendientes de inmigrantes de más de cien nacionalidades.
El otro grupo señalado en la pieza legislativa es el compuesto por hijos de extranjeros que puedan demostrar que nacieron en República Dominicana, pero que no fueron inscritos en ningún registro público, los que deberán acogerse al Plan de Regularización de Extranjeros, antes de poder acceder al procedimiento de naturalización establecido en la ley que rige la materia.
Las personas en las condiciones precedentes se registrarían en el Libro de Extranjería, con plazo de sesenta días para presentar su solicitud de naturalización ante el Ministerio de Interior y Policía, siempre bajo la condición de que demuestren fehacientemente que nacieron en territorio dominicano.
Otro aspecto resaltante en ese proyecto de ley es su vocación de protección a la integridad del Registro Civil, al prohibir que se otorguen beneficios de la regularización migratoria a personas que hayan tenido participación directa o indirectamente en algún fraude o irregularidad grave, contra quienes, por el contrario, se contemplan sanciones penales, así como para los funcionarios involucrados.
A reservas de volver sobre el tema, puede decirse que el proyecto de Ley Especial sobre Naturalización enviado al Congreso por el presidente Danilo Medina, armoniza con la sentencia 168-13 sin colisionar con la Constitución de la República, al tiempo que despeja toda sospecha de exclusión o discriminación contra hijos de extranjeros indocumentados.

