Son muy claras las razones de la Procuraduría General de la República para desapoderar a la Fiscalía del Distrito Nacional de los casos del Inaipi, la Omsa, el CEA y de querellas por corrupción contra exfuncionarios y relacionados con la gestión del presidente Danilo Medina.
Por más argumentos que se enarbolen para legitimar la decisión, la desconfianza en la fiscal Rosalba Ramos para efectuar una investigación imparcial y objetiva es el primer elemento que se advierte en la intervención dispuesta por la procuradora Miriam Germán Brito.
Es mera retórica la aclaración de que asumir las investigaciones de los casos de corrupción forma parte de una reingeniería enfocada en la transformación integral de las indagatorias y los procesos relativos a la corrupción.
Promovida bajo la gestión de Jean Alain Rodríguez no había confianza de que con Ramos se avanzara en la investigación de sonados escándalos.