Los senadores tienen en sus manos una gran responsabilidad ante el país, con el proyecto de ley aprobado por los diputados, que establece la devolución de 172 mil 500 millones de pesos a los afiliados al Fondo de Pensiones de los Trabajadores.
Sectores públicos y privados, ligados al quehacer económico, han advertido en más de una ocasión los riesgos que tal proyecto implicaría para la estabilidad del sistema financiero dominicano, en caso de que los senadores actúen de manera irresponsable y lo aprueben.
Si bien es cierto que esos fondos son propiedad de los trabajadores, la realidad es que colocar esa astronómica cantidad de dinero en el mercado implicaría un crecimiento del 64% del circulante en manos del público, y por tanto una inflación de magnitud impredecible.
La propuesta, sin dudas con un alto matiz político, de la autoría del diputado reformista y aspirante a la reelección Pedro Tomás Botello puede parecer, a simple vista, un paliativo de momento frente a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, pero al final hará más daños que bien a los propios trabajadores.
Aunque la propuesta le reditúe los beneficios políticos que supone esperados en el proceso electoral del próximo domingo, los costos en el futuro para los supuestos beneficiados serán altos e impagables.
Esto significa que de aprobarse el retiro del 30% de los fondos, a la economía dominicana ingresarían de golpe 172 mil 500 millones de pesos, en la medida que los 3.9 millones de afiliados al sistema de capitalización individual comiencen a adquirir bienes y servicios.
Hace poco Héctor Valdez Albizu, advirtió al país sobre las consecuencias macroeconómicas del proyecto, ya que conseguir esa cantidad de dinero implicaría anticipar el retiro de una cantidad significativa de títulos emitidos por el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, y la banca privada, los que tienen fechas de vencimiento de mediano y largo plazo.
Todo el mundo en este país sabes que ese dinero no existe de manera líquida en los bancos, sino en bonos y certificados, por lo que convertirlo en dinero líquido y colocarlo en manos de la población con llevaría a un aumento desproporcionado de la tasa de cambio, una acelerada devaluación del peso y por tanto un incremento de la inflación en la que no habría ganadores.
Por: José Antonio Torres
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