Las provincias de Monte Plata, una de las más pobres del país, y La Altagracia, la mayor receptora de inversión privada, fueron escenarios ayer de violentas protestas durante paros de actividades en reclamo de la construcción de hospitales, acueductos, puentes, ampliación de carreteras, caminos vecinales y asfaltados de calles.

Llama la atención que dos comarcas, una muy carenciada y la otra con el menor índice de desempleo, paralicen actividades de manera simultánea, enarbolando similares reclamos, señal de que el crecimiento económico aun no permea a amplios segmentos poblacionales aquejados de exclusión y marginalidad.

Monte Plata, Bayaguana, y Sabana Grande de Boya reclaman obras viales que comuniquen sus poblados, un instituto de formación de maestros, y los asfaltados de calles, mientras que en Higüey, Verón y Punta Cana, se exige construir hospitales, un puente, alumbrado eléctrico y el empalme con la autovía del Este.

Es obvio que las huelgas y paros producen más perjuicios que beneficios, por las pérdidas económicas y los saldos de muertos y heridos, pero se requiere que el Gobierno sea proactivo frente a esas carencias para que no haya necesidad de recurrir a tales extremos.

La provincia de Monte Plata ha sido virtualmente excluida de los presupuestos de construcción de obras vitales como carreteras y caminos vecinales, lo que dificulta la inversión privada en iniciativas que generen empleo y expansión del comercio.

La Altagracia es santuario del turismo, por lo que no parece justo que comunidades como Verón y Punta Cana todavía clamen por la construcción de centros hospitalarios, o que no se haya construido el empalme de Higüey con la autopista que une la región Este con el Gran Santo Domingo.

Los funcionarios del Gobierno están compelidos a trabajar en manga de camisa, con la voluntad e intensidad requerida para satisfacer en tiempo prudente los reclamos de esas y otras comunidades, o al menos para concertar acuerdos sobre cronograma de cumplimiento.

Diálogo y consenso deben prevalecer entre organizaciones comunales y autoridades, como garantía de una mejor redistribución de los ingresos públicos en el financiamiento de obras vitales para el buen desenvolvimiento de comunidades, hoy marginadas o excluidas.