El que no tiene hechas, no tiene sospecha. Partiendo de ese principio el Gobierno, sin importar las razones, ha tomado la decisión más sensata al apartar a la Procuraduría General de la República y a la Policía de las investigaciones para establecer responsabilidades sobre el supuesto sabotaje a los equipos del voto automatizado de la Junta Central Electoral (JCE) que motivó la suspensión de las elecciones del domingo 16. Sin necesidad de recurrir a antecedentes, con el sesgo que desde un primer momento se advirtió en las pesquisas solo se confirmó que las entidades carecían de imparcialidad para un trabajo en que está en juego tanto la estabilidad social como la imagen de República Dominicana.

Avalar la solicitud de la JCE para que la Organización de Estados Americanos (OEA), la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (Ilfes) y Uniore se encarguen del fiasco en torno al cual hay tantas interrogantes fue la mejor decisión del Gobierno para que resplandezca la verdad. Más todavía con la creciente indignación expresada por la multitud de jóvenes en la Plaza de la Bandera, en demanda de justicia sobre el supuesto sabotaje y la renuncia de los miembros de la JCE. Aunque la oposición celebre la decisión como un triunfo de sus reclamos y de las presiones populares, es mejor entenderla como una saludable contribución al orden institucional. Con la mucha tela que tiene, las organizaciones saben cómo realizar su trabajo.

Tras los resultados de la investigación de las fraudulentas elecciones del 20 de octubre en Bolivia, la OEA ha ganado crédito en la región. Fue gracias a su análisis que se determinó que los equipos utilizados en las accidentadas votaciones, “ganadas” por el presidente Evo Morales, habían sido manipulados.

Tras escrutarse el 83.76% de los sufragios, el Tribunal Supremo Electoral otorgó un 45.28% a Morales y un 38.16% a su más cercano rival, el expresidente Carlos Mesa. E incluso proclamó que había necesidad de una segunda vuelta.

Pero en el recuento de los votos el mandatario resultó ganador en la primera vuelta. Por las protestas populares Morales accedió a que se realizara una investigación imparcial, encontrándose un algoritmo en el sistema computarizado para beneficiar su candidatura, no quedándole más alternativa que renunciar al poder y, para limpiar su imagen, denunciar un golpe de Estado.

La suspensión de unas elecciones por un problema técnico, aunque nadie lo crea, o por lo que fuera, no puede engalanar la galería de casos impunes ocurridos en el país. Ese fiasco con unos equipos por demás cuestionados y costosos (37.5millones de dólares) tiene que aclararse con la garantía de acciones judiciales contra los responsables.