Dejemos trabajar tranquila a la JCE.-

Después del atolladero que significó la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero, el país entró en lo que sin ningún eufemismo podemos llamar una grave crisis institucional, de la cual se responsabilizó a la Junta Central Electoral, sin que hasta la fecha haya aparecido una prueba del alegado fraude de que se quiere culpar al organismo, que esta vez están asesorados por técnicos extranjeros de probidad incuestionable.

Los que conocemos personalmente a los miembros de la entidad comenzando por su presidente el doctor Julio César Castaños Guzmán, sabemos que ni este ni los doctores Altagracia Graciano, Roberto y Carmen Imbert Brugal, Roberto Saladín, y Henry Orlando Mejía, quienes trabajan arduamente para superar las dificultades que obligaron a suspenden los comicios del pasado 16 de febrero, serían capaces de una acción semejante.

Hasta la fecha no se han encontrado ni una sola evidencia que apunte en la dirección existente que había entre intereses de partidos, grupos, o personas individuales en sabotear dicho proceso que comenzó más tarde de lo señalado y terminó abruptamente el citado domingo 16 a las 11:11 a. m.

Hasta la fecha se ha querido indicar que el problema radicó en la calidad de los equipos para el voto automatizado a usarse en el 2016 que se compró bajo la presidencia del licenciado Roberto Rosario, pero las revisiones hechas hasta la fecha aparte de algún otro que otro defecto técnico, no se ha logrado establecer con claridad meridiana donde estuvo el meollo de la cuestión.

Técnicos extranjeros laboran sin descanso en lograr identificar donde estuvo el quid del asunto, aunque se espera que para el venidero 17 de mayo día señalado para efectuar las votaciones para presidente, Vicepresidente de la República, senadores y diputados con sus respectivos suplentes, el asunto quede definitivamente esclarecido.

Ahora bien el éxito o el fracaso de los venideros comicios dependerán casi totalmente de la cantidad de ciudadanos que concurran a las urnas y que necesariamente debe de rondar al 75% del padrón electoral.

Ojalá que los jóvenes que han tomado la Plaza de la Bandera como escenario de sus protestas, por la suspensión de los comicios del 16 de febrero, comprendan la importancia de que una verdadera multitud de ciudadanos y ciudadanas acudan a votar el venidero 17 de mayo, para que nuestra incipiente democracia dé un paso firme para su fortalecimiento, porque sin ello no ocurriese los perdedores no serían ni el gobierno del presidente Danilo Medina, ni los jueces de la Junta Central Electoral, sino el país como un todo, que se avocaría a retroceder en el camino de la democracia que hasta ahora hemos logrado transitar con los lógicos tropezones que son de esperar en el comienzo de un camino tan lleno de problemas y dificultades.

Nada ganaríamos con echarnos mutuamente las responsabilidades de lo que ocurrió el 16 de febrero pasado o podrían suceder los días 15 de marzo o 17 de mayo porvenir, porque los perdedores seriamos todos.