Hechos no palabras

Un viejo adagio latino expresa «res non verba» que traducido al español significa hechos y no palabras, lo traemos a colación porque hemos visto a ex funcionarios de la pasada administración acusados de cometer acciones fraudulentas o actos de corrupción, entre otros hechos, defendiéndose bajo el falso alegato de que son víctimas de persecución política y evaden referirse concretamente a los hechos que se le atribuyen.

Esta es una forma de defensa inaceptable de tratar de mezclar como dice un refrán religioso » el credo con piedras» tratando de tapar el sol con un dedo señalando, que los representantes del ministerio público, bajo la responsabilidad de las doctoras Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso, cuyas independencias de criterios tratan de confundír, señalando con son acusaciones de tipo político carentes de contenido penal, cuando nada está más alejado de la realidad.

Porque se trata de damas cuyas acciones se inspiran en criterios netamente jurídicos.

Aquellos ex funcionarios a quienes se les atribuyan actos de corrupción, malversación o apropiación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, lo que deben es recurrir a defensas de tipo jurídico no político, aclarando que las acciones que se le atribuyen no son ilícitos penales sino actuaciones ligadas o no, a sus actividades partidarias.

Igual consejo podemos dar a los abogados de esos encartados que aducen que actualmente el ministro público obedece instrucciones directas de los magistrados encargados de llevar adelante dichos procedimientos, por primera vez en muchos años gozan de absoluta independencia y que sus acciones recusatoria contra dichos magistrados están totalmente dirigidas al fracaso.

Aquellos ciudadanos que conocen personalmente a los funcionarios que forman parte del personal de la procuraduría general contra la corrupción Administrativa saben perfectamente que las doctoras Germán Brito y Reynoso, no obedecen en sus actividades más que a sus propias conciencias y que los alegatos de dicho juristas están bajo un falso predicamento.

Así es que, si los números arrojados por las auditorías practicadas por inspectores de la Cámara de Cuentas y Controlaría General de la República no reflejan como en verdad lo hacen, hechos irrefutables, las recusaciones leguleyescas de dichos defensores, solo están dirigidas a tratar de ganar tiempo para sus patrocinadores y que al final las imposiciones de sanciones de tipo penal o civil serán más que merecidas.

Si es necesario volveremos a enfocarnos sobre estos casos, que concitan casi a unanimidad la atención pública nacional, porque son acciones que costaron miles de millones de pesos al erario público y se distrajeron de su inversión en la solución de auténticos problemas del pueblo Dominicano.

Por: Jerez Wisky
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