Las circunstancias que rodearon el asesinato del presidente John F. Kenendy, el 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, justifican el velo de misterio que todavía existe sobre el crimen.

Es difícil aceptar que un gobernante enfrentado a los grandes consorcios, el crimen organizado y otros poderes nacionales y extranjeros pudiera ser asesinado por un tirador solitario como Lee Harvey Oswald y no víctima de una conspiración.

Menos aún cuando después de estar detenido, Oswald fue abatido en un destacamento de la Policía por un hombre que salió de la nada, identificado como Jake Ruby. Y para complicar más el caso Ruby fue ultimado al instante. Hay, pues, muchas razones para dudar las conclusiones del informe Warren sobre el asesinato del carismático presidente demócrata.

El magnicidio del presidente Jovenel Moise, en Haití, no tiene ni por asomo las características del caso Kennedy. Pero se ha enmarañado de tal modo, que la conclusión es que se busca encubrir a los autores materiales, intelectuales y las razones del magnicidio.

El mandatario fue abatido en su propia residencia en horas de la madrugada del miércoles 7 por un supuesto comando de sicarios colombiano que habría sido contratado por un empresario de la vecina nación residente en Estados Unidos. El empresario ha sido identificado, pero no capturado.

Resulta por demás muy sintomático que gente que cumpliría una tarea tan comprometedora se dedicara a hacer turismo en República Dominicana, tomarse y divulgar fotografías, como si su misión fuera patriótica.

Sobre el caso lo que han arrojado algunas investigaciones es que los colombianos fueron reclutados con el pretexto de asesorar a la Policía haitiana en la lucha contra las pandillas que han sembrado el terror, la seguridad de empresarios y políticos, así como para preservar el sistema democrático.

Horas después del magnicidio se reportó la muerte de tres colombianos en un supuesto intercambio de disparos con policías haitianos sin que ninguno de estos recibiera siquiera un rasguño.

Las versiones ofrecidas por las autoridades haitianas, al frente de las cuales está el primer ministro Claude Joseph, no concuerdan con la ejecución del crimen. Los exmilitares fueron detenidos sin defenderse ni ofrecer ningún tipo de resistencia, a pesar de que se les ha calificado como expertos en el uso de las armas.

La maraña que en principio se creó para despistar ha comenzado a despejarse con la rectificación de Estados Unidos y la OEA al desconocer a Joseph como primer ministro y endosar su respaldo a Ariel Henry, quien también ha sido apoyado por la comunidad internacional. Henry había sido designado para el cargo por Moïse horas antes de ser abatido.

Por: Luis Pérez Casanova (l.casanova@elnacional.com.do)