La enseñanza de la Constitución es un mandato de carácter obligatorio ordenado por la propia Carta Magna a partir de su reforma de 2010 que, como materia pendiente trece años después, parece que será tangible y se concretará en el futuro inmediato para cumplir la aspiración de los constituyentes.

El Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, órgano superior del sistema público y privado, dio a conocer una resolución histórica que no hace más que honrar el artículo 63.13 de la ley suprema para hacer obligatoria la asignatura constitucional y de derechos fundamentales.

Hace tiempo que eso debió producirse y más que la decisión formal, que las autoridades deberían propiciar tanto en educación superior como en básica y media, “la instrucción en la formación social y cívica” lo que conocen muchos adultos de hoy como las clases de moral y cívica, cartilla de buena ciudadanía.

Como bien señala el texto del Pacto Fundamental, el propósito de esta instrucción es formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica, piedra angular para disfrutar de un verdadero Estado social y democrático de derecho.

En la práctica docente universitaria, tanto con los estudiantes de derecho y ciencias políticas de la UASD como con los de comunicación social de la PUCMM, he planteado la necesidad de que el derecho constitucional sea una asignatura obligatoria y transversal a todas las carreras en el ciclo básico.

La Constitución es regla de juego entre ciudadanos y autoridades, es el conjunto de principios que establecen orden y convivencia pacífica, marco teórico-práctico que propicia desarrollo personal y social, su conocimiento y aplicación efectiva es base para construir democracia y ciudadanía consciente.