El Nacional

La apertura de juicio contra de nueve funcionarios y empleados del Departamento de Pensiones y Jubilaciones de la Secretaría de Hacienda, acusados de un fraude por más de 200 millones de pesos en perjuicio de esa entidad, fue dictada por la jueza del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

La jueza Rosanna Vázquez Febrillet dictó apertura a juicio acogiendo la acusación de complicidad, desfalco, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra Servio Tulio Suncar Liriano, Isabel María Soto Santana, Leonardo Alberto Rodríguez Cabrera, Lucrecia Figueroa y los hermanos Angel José, Sandy José y Francisco Alfonso Castro Castro.

La doctora Vázquez renovó las medidas de coerción impuestas contra los imputados e intimó a las partes para que en un plazo de cinco días comparezcan ante la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, para ser notificadas e informadas de la fecha del juicio de fondo.

El fraude fue confirmado en fecha 6 de noviembre del año pasado por el secretario de Hacienda, licenciado Vicente Bengoa, quien anunció en la ocasión que los implicados en la irregularidad habían sido cancelados o suspendidos.

Bengoa explicó que el fraude se hizo a través de los depósitos electrónicos a favor de personas pensionadas y jubiladas fallecidas, y reiteró que para la diafanidad de las pesquisas fueron canceladas aquellas que se sospecha participaron en las irregularidades.

Entre los cancelados se incluyeron al doctor Tulio Suncar, que estaba al frente del Departamento de Jubilaciones y Pensiones, Leonardo Alberto Rodríguez Cabrera, director de Informática, Isabel Soto Santana, subdirectora de Pensiones y Jubilaciones, y Manuel Castro, encargado de Pago, en tanto que la Policía investiga unas 18 personas en torno al fraude.

Bengoa insistió en que ante el descubrimiento de las irregularidades se tomaron esas medidas y se apoderó al jefe de la Policía en esa oportunidad, mayor general Bernardo Santana Páez, para que el departamento o la unidad contra fraudes electrónicos de la institución se uniera a las investigaciones. A raíz del fraude, la nómina de pensionados del Estado era de RD$414,525,180 millones, incluyendo a los de instituciones descentralizadas.

La red se beneficiaba de pensiones y jubilaciones no reclamadas y de otras que alegadamente se perdían en los trámites burocráticos.

Tras la confirmación del fraude por parte de Bengoa, el juez interino del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, ratificó la prisión preventiva contra Servicio Tulio Suncar, pese a que el abogado defensor había reclamado el levantamiento de la medida de coerción.

También el 9 de enero de 2007, la Procuraduría General de la República, a través del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, que dirige el licenciado Octavio Lister, solicitó prisión preventiva contra los seis funcionarios y empleados medios del Departamento de Pensiones y Jubilaciones de la Secretaría de Hacienda, y para otros demandó una garantía económica o fianza de cinco millones de pesos.