El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió ayer a juicio de fondo a tres ejecutivos del Banco Providencial y de la inmobiliaria Propiherbon, acusados de un fraude por 600 millones de pesos, pero les varió la medida de coerción por otra menos gravosa.
El juez Raymundo Mejía dictó apertura a juicio contra los empresarios Iván Aquiles Hernández Oleaga y sus hijos Aquiles Hernández Bona e Ivette Hernández Bona.
El magistrado dispuso que la totalidad de los bienes ocupados permanezcan incautados hasta que haya una sentencia definitiva y ordenó la devolución de un vehículo a favor de un interviniente voluntario.
En el caso de Aquiles Hernández Bona, le sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario; a Ivette Hernández Bona, que tenía prisión domiciliaria, se la cambió por impedimento de salida y presentación periódica y a Hernández Oleaga se le quitó el dispositivo electrónico localizador, asimismo la fianza pero le mantuvo la prisión domiciliaria.
El abogado Blas Minaya, representante legal de Hernández Oleaga, dijo que la decisión de mantener incautados los bienes ligados al Banco Providencial afecta al Banco Activo.
“Eso afecta a todo el mundo, porque los bienes que la Superintendencia de Bancos traspasó de manera irregular son parte del proceso y cuerpo del delito”, argumentó.
Calificó de buena la decisión y explicó que el tribunal no solo validó las pruebas del Ministerio Público sino también las presentadas por la defensa técnica de los imputados.
El 21 de mayo de 2016 la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público intervinieron las oficinas del Banco Providencial, ubicado en la plaza Galerías Naco, en la avenida Tiradentes, tras detectar una serie de irregularidades cometida en la entidad de intermediación financiera.
