SANTIAGO.- El Ministerio Público está preparado para la distribución a cuatro centros penitenciarios de la zona, de los 15 imputados en la Operación Falcón y que 11 de ellos estarán en los centros de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres y Mujeres, de esta ciudad.
Hasta ayer. Los 23 imputados permanecían recluidos en la cárcel preventiva, ubicada en el sótano del Palacio de Justicia de aquí
El fiscal de aquí, magistrado Osvaldo Bonilla Hiraldo, informó ayer que el Ministerio Público está a la espera de recibir oficialmente la determinación de la jueza Borgen, para iniciar el proceso de ubicación de los 15 imputados.
Y que, en cualquier momento y a contar de mañana, también se oficializará le medida de prisión domiciliaria a seis de los 23 encartados, así como la libertad bajo fianza de otros dos.
En tanto que, por seguridad a otros internos del mismo proceso, la magistrada Iris Borgen decidió que Víctor Elpidio Altagracia Paulino y Luis Daniel Nieves Batista, cumplirán la coerción en Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, La Vega.
Por la misma justificación, Adolfo Antonio Torres Sanabia será recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en Moca, provincia Espaillat y José Alejandro De la Cruz Morales, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
Se le dictó prisión domiciliaria e impedimento de salida del país a Juan Carlos Durán Rodríguez, Ana Margarita Collado Marte, Andrés Guzmán Collado, Amadeo Garibaldi Read Ruiz, Angélica María Maldonado y Antonio Tavares Rodríguez.
También, impuesta la medida privativa de libertad a María Olimpia Tavares Rodríguez, a Juan Maldonado Castro y al domínico-venezolano Julio César Jiménez Talavera.
Igualmente, a Yana Iris Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue) y Elva Teresa Polanco.
En el caso de Juan Bautista Carpio Reynoso, le fue impuesto arresto domiciliario con vigilancia y una garantía económica de 15 millones de pesos en efectivo y a Raúl Antonio Castro Mota le fue impuesta una garantía económica de 5 millones de pesos, presentación periódica los días 15 y 30 de cada mes e impedimento de salida del país.
