El Gobierno puso a la consideración de la ciudadanía una propuesta de reglamento de la ley 169-14 que establece un régimen especial sobre naturalización y para personas inscritas irregularmente en el Registro Civil, para lo cual otorgó un plazo hasta el 18 de este mes para que personas e instituciones formulen recomendaciones o sugerencias sobre ese texto.

Son muchas las objeciones que se han formulado a diversos artículos contenidos en ese proyecto de reglamento, la mayoría tildados de inconstitucionales, por lo que se requiere que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo ausculte con mucho cuidado todas y cada una de las impugnaciones.

El reglamento tiene por objeto “viabilizar lo relativo al registro y regularización migratoria de los hijos de padres extranjeros en situación migratoria irregular…”, gestión que consigna al Ministerio de Interior y Policía, mediante la creación de “una Unidad Ejecutora de la Ley”.

Entre los artículos que se objetan en ese reglamento figura el que asigna su ejecución a Interior y Policía y no a la Junta Central Electoral, rectora del Registro Civil.

También que entre los medios para la admisión de hijos de indocumentados en el Plan de Regularización se excluya la referida a sus padres y que solo se limite a la presentación de una constancia médica de su nacimiento, un Acta de Notoriedad o la declaración jurada de un sacerdote, maestro, médico o alcalde.

Lo sensato sería que las autoridades ponderen todas y cada una de las objeciones hechas a ese proyecto de reglamento y que se realicen las reparaciones jurídicas y técnicas que sean necesarias. Ahora, que estamos a tiempo.

¿Hasta cuándo?

La tragedia acaecida el sábado en la carretera Sánchez, donde cinco personas murieron y 45 sufrieron heridas en un accidente de tránsito que involucró un camión, un autobús y una camioneta, obliga a actualizar el recurrente reclamo para que las autoridades asuman control pleno de todas las autopistas y carreteras secundarias.

Se ha dicho que ese terrible accidente fue provocado por una acción temeraria atribuida al conductor de la camioneta, quien murió a causa del percance, pero la verdad es que las carreteras del país son desde hace tiempo caminos de muerte, por las múltiples violaciones a la Ley de Tránsito. Algo hay que hacer.