Washington, D.C. – Tras un incremento sostenido en el flujo migratorio por la frontera sur de Estados Unidos, miles de personas que han ingresado de manera irregular al país están en la búsqueda de mecanismos legales para regularizar su estatus migratorio, ante el riesgo constante de deportación y la necesidad de estabilizar sus vidas en territorio estadounidense.
Abogados de inmigración y organizaciones de derechos civiles destacan que, pese a haber cruzado la frontera sin documentos, los migrantes no están completamente desprovistos de opciones legales, aunque recalcan que cada caso debe ser evaluado individualmente.
Principales vías de regularización disponibles
Entre las opciones más comunes para quienes entraron sin autorización al país se encuentran:
- Asilo político:
Personas que temen persecución en sus países de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, pueden solicitar asilo dentro de un año tras su entrada. Sin embargo, deben demostrar «miedo creíble» ante las autoridades migratorias. - Visa U o T:
Son opciones para víctimas de ciertos crímenes cometidos en Estados Unidos (como violencia doméstica o trata de personas) que colaboren con las autoridades en la investigación. Estas visas pueden abrir la puerta a una residencia legal permanente. - Ajuste de estatus por vía familiar:
Algunas personas pueden optar por un ajuste de estatus si tienen cónyuge, hijos o padres ciudadanos estadounidenses, aunque las reglas cambian si el ingreso fue ilegal. En ciertos casos es necesario salir del país y reingresar con una exención aprobada. - Parole o libertad condicional humanitaria:
En casos excepcionales, algunos migrantes reciben un «parole» o permiso temporal por razones humanitarias. Esto no garantiza residencia, pero permite permanecer legalmente por un tiempo determinado y solicitar otros beneficios. - Ley NACARA o TPS:
Migrantes de ciertos países (como Nicaragua, El Salvador, Venezuela o Haití) pueden calificar para programas especiales como el TPS (Estatus de Protección Temporal) o, en casos antiguos, bajo la Ley NACARA.
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El desafío legal y la importancia del asesoramiento
Expertos señalan que intentar regularizar el estatus sin el acompañamiento de un abogado especializado puede llevar a errores que afectan gravemente el caso. Incluso, algunas solicitudes mal gestionadas pueden acelerar procesos de deportación.
“Aunque hayan entrado de forma irregular, muchas personas tienen vías para arreglar su estatus. Pero es fundamental evitar el fraude, las falsas promesas y los ‘notarios’ no autorizados”, advirtió Lucía Torres, abogada migratoria con sede en Texas.
La recomendación general es buscar asistencia legal confiable, ya sea a través de abogados privados acreditados o mediante organizaciones sin fines de lucro como RAICES, Catholic Charities o el Immigration Legal Resource Center, que ofrecen servicios a bajo costo o gratuitos.
