Por sus constantes contradicciones, al gobierno del presidente Luis Abinader parece afectarlo lo que en sicología llaman el Trastorno de Identidad Disociativo (TID), o lo que es lo mismo, la existencia de dos o más identidades o varias caras, como quedó demostrado con la introducción del proyecto de Trata de Personas, Extorsión y Tráfico Ilícito de Migrantes y su posterior retiro del Senado de la República.

El cuestionado proyecto generó una avalancha de ácidas críticas, comenzando por la oposición política, y continuando por toda la sociedad y personalidades, que lo rechazaron por considerarlo atentatorio a la soberanía de la Nación.
Únicamente Participación Ciudadana y FINJUS, y el canciller Roberto Álvarez salieron a la defensa de la propuesta del Poder Ejecutivo.

Hasta el director de Migración guardó distancia del desaguisado diciendo que “no lo había leído” y no podía opinar al respecto.

La posición del ministro de Relaciones Exteriores y su rapidez con la postura anti-dominicana no causó extrañeza, pues fue un llover sobre mojado, poniéndose en evidencia nuevamente de que “a confesión de partes, relevo de pruebas”, y dándole veracidad al popular refrán que dice que: “Cuando la limosna es mucha, hasta el santo desconfía”.

Diplomáticamente, Álvarez debió al menos guardar silencio y no permitir que otra vez se le viera su posición antinacional, vulnerable de la soberanía del país y anti diplomática a partes iguales, puntos de vistas que demuestran que en asuntos de salvaguardia a la República Dominicana, el canciller no ha tenido, como San Pablo,” su caída del caballo en el camino a Damasco”.

Tantas reincidencias de Roberto Álvarez remiten a legítimas sospechas, y más cuando dice que: “todo Gobierno está en la obligación, de acoger y proteger a aquellas personas que hayan sido traídas al país con fines de explotación o esclavitud”.