Para los haitianos, emigrar hacia República Dominicana es una necesidad urgente de sobrevivencia; es como tomar un camino fácil de salvación. Así lo han considerado y lo vienen haciendo con éxito durante algunas décadas sin ningún impedimento.

Para las potencias hegemónicas de occidente (corresponsables de las desgracias de ese pueblo), eso significa liberarse de una pesada y molesta carga y ha de suponerse que la vean con muy buenos ojos y no es descartable que la propicien y financien con fines estratégicos de su propia conveniencia.
Para nosotros, en cambio, tal emigración significa el principio de un proceso de extinción de nuestra nacionalidad y la consecuente pérdida de nuestro territorio con todos sus activos materiales y espirituales los cuales nos sustentan como país libre e independiente.

Puede decirse que en “La Hispaniola”, con la anuencia o complacencia de esas potencias, se han venido aposentando dos grandes desgracias: una primigenia, hoy en pleno apogeo de su acción devastadora, la del pueblo haitiano y, otra derivada o “secundaria” en estado de gestación, la del pueblo dominicano; esta, ya como metástasis letal de la primera. Se trata de dos desgracias que de no gestionarse correctamente podrían desencadenar un conflicto bélico entre ambos pueblos de proporciones insospechadas.

Si esas apreciaciones se corresponden con la realidad, entonces, hay que concluir que nuestra defensa difícilmente contará con el visto bueno y el apoyo real de ONU, OEA, y demás instituciones de gobernanza internacional al servicio de esas potencias, por más pedidos de ayuda que les hagamos y por más explicaciones que les demos sobre nuestra situación, peligros y dificultades.

Sería válido asegurar, además, que tampoco acudirán en auxilio real del pueblo haitiano para desarrollar y fortalecer su economía e instituciones. No debemos, pues, nosotros ni los vecinos hacernos ilusiones con sus posibles decisiones. Por tales razones, entendemos que ya es hora, para los dominicanos, de pasar de las quejas y reclamaciones en esos organismos, a la lucha de resistencia nacionalista en nuestro propio terreno apoyándonos en nuestros propios esfuerzos y de buscar honestamente nuevas amistades, nuevos aliados que quieran y puedan brindarnos su decidido respaldo porque ciertamente, en este mundo dividido y globalizado, sería muy poco lo que lograríamos o, para decirlo mejor, muy poco lo que podríamos conservar permaneciendo solos y aislados.

Pero esa lucha de resistencia, aunque dura y de muchos sacrificios, no deberá ser armada ni sangrienta, sino, esencialmente pacífica, ordenada, legal y absolutamente legítima; se limitaría, y ello bastaría, a imponer el cumplimiento de los mandatos de nuestra Constitución, de nuestras leyes y, sobre todo, a sellar herméticamente nuestra frontera.

Emprenderla, dirigirla y sostenerla, son deberes esenciales de nuestros gobernantes; ahora bien, si estos, por ignorancia, conveniencias particulares o debilidad de carácter son incapaces de cumplir con los mismos, entonces será el pueblo quien, tirado a las calles, asumirá su propia defensa y tomará directamente las riendas de su destino.

No es ocioso recordar aquí lo que siempre han dicho los conocedores de la historia: “la debilidad del gobernante es una de las principales causas de la guerra». ¡Evitémosla!.

Por: Ramón B. Castillo
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