La zona fronteriza se mantiene como la franja territorial, con casi 500 mil habitantes, que padece mayores niveles de inequidad social y marginalidad económica, con la mayoría de su población sin acceso a agua potable, que utiliza letrina o que carece de servicios sanitarios.

Representantes del Gobierno, empresariado, academias y sociedad civil abordaron ayer durante un panel en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el presente y futuro de la zona donde se dice que nace la patria, lo que se convirtió en un pesado recorrido por estadísticas de miseria.
Hace 14 años que se instituyó la ley 28-01, que crea una zona especial de desarrollo fronterizo que abarca las provincias de Pedernales, Elías Piña, Independencia, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodriguez y Baoruco, cuyos incentivos fiscales tendrán vigencia por otros cuatro años.

En ese estatuto se consigna que todo tipo de empresas permitidas por las leyes dominicanas que operen o se establezcan dentro del perímetro de esas provincias disfrutarán de una exención de 100% del pago de impuestos internos, aranceles aduanales sobre materias primas y maquinarias.
Conviene, como se hizo en ese panel de Funglode, que Gobierno, Congreso y empresariado reflexionen sobre los resultados, efectos o impacto que ha tenido esa ley en la reducción de pobreza, incremento del empleo e inserción social en esa empobrecida región.

Se ha dicho que como consecuencia de ese estatuto de incentivo fiscal se han creado en las seis provincias mencionadas unos 14 mil empleos, a razón de mil por año, lo que resulta una cifra cercana a lo insignificante si se toma en cuenta el valor del gasto tributario en que ha incurrido el Gobierno.

La intención del legislador en el diseño de esa ley no fue el de estimular un incremento desmesurado en las utilidades de cualquier inversión, sino la de movilizar recursos en la zona para promover desarrollo horizontal y no vertical, por lo que se requiere evaluar si tales propósitos han sido conseguidos.
El sacrificio fiscal en que incurre el Estado a través de la ley 28-01 parece incompatible con los resultados obtenidos en sus tres lustros de vigencia, a menos que se demuestre que ha cambiado radicalmente para bien el penoso cuadro que padece la mayoría de los habitantes de la región fronteriza.