El expediente por delito electrónico contra José Angel Gómez Canaán (Jochi) será enviado el lunes a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que decidirá si acoge o no la recusación al juez presentada por la barra de la defensa.

Los abogados de Gómez Canaán recusaron ayer al juez Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente, que le conocía medidas de coerción al imputado.

El magistrado Julio Cesar Canó Alfau tendrá la responsabilidad de conocer los argumentos de los abogados de Jochy Gómez y el escrito que hará el juez de la Oficina de Atención Permanente Alejandro Vargas. El expediente será remitido el lunes y mientras tanto Jochy deberá permanecer en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta que sea conocida la medida de coerción de un año de prisión solicitada por la Fiscalía del Distrito Nacional.

Los abogados Carlos Balcácer y Carlos Olivares recusaron al juez de la Oficina de Atención Permanente, bajo el argumento de que fue quien firmó y autorizó las actas de allanamiento que se efectuaron en febrero pasado a la residencia del periodista Guillermo Gómez en Los Cacicazgos, las oficinas de abogados de sus hijos y a su firma productora instalada en el mismo edificio que aloja el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ubicado en la avenida 27 de Febrero esquina Tiradentes.

Luego de que el ministerio público leyera un resumen de la acusación durante una en contra de Gómez Canaán por violar varios artículos de ley de delito electrónico y el Código Procesal Penal, los abogados de la defensa pidieron al juez primero inhibirse y luego fue recusado.

La Fiscalía del Distrito acusó a Gómez Canaán de robo de identidad y acceso ilícito a cuentas de correo electrónico de funcionarios, diplomáticos, políticos, empresarios y comunicadores, para supuestamente obtener informaciones personales que posteriormente utilizaba para chantajear.

Gómez Canaán supuestamente utilizaba los servicios de empresas de envíos de valores para realizar pagos a los hackers internacionales luego de que éstos le demostraban que habían logrado acceder a las cuentas solicitadas por el prevenido. Supuestamente actuaba en complicidad con un grupo de hackers con ramificaciones internacionales, en especial con India y Vietnam, a través de los cuales solicitaba las claves de distintas cuentas de correos para materializar sus intervenciones.

La fiscal Yenni Berenice Reynoso; el jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez; el general Héctor Pérez Cuevas, el fiscal Adjunto Germán Vásquez Sosa, y el coronel Licurgo Yunet Pérez, director del Departamento de Alta Tecnología de la Policía, ofrecieron los detalles de la investigación. Según la Fiscalía, Jochi hackeó 44 cuentas de correo electrónico de empresarios, políticos, funcionarios, diplomáticos y comunicadores, por lo que deberá responder por violar la Ley 536-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.

Entre las cuentas hackeadas figuran las del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás; la presidencia de Delta Comercial, Carlos Manuel Bonetti, Manuel A. Grullón Hernández, Ignacio Ditrén, Eduardo Najri, Avelino Abreu, Gina López, Manuel Pellerano, Jacinto Peynado, George A. Nader y Luis Álvarez Renta. Según la investigación, el imputado, a través de la cuenta jochi@tikiti.net, solicitaba a activehackers.com las contraseñas de los correo electrónicos y que pagaba por cada cuenta hackeada100 dólares.