Dice el presidente del Partido de la Liberación Dominicana que el voto no es secreto, como ordena la Constitución de la República, que el Gobierno lo sabe todo, incluso por quién vota cada ciudadano.

“Nosotros tenemos un sistema de control de la votación que nos asegura a nosotros saber que está ocurriendo hora por hora en cada mesa de votación… Sabemos los que han votado, quienes han votado, quienes no han votado. Los que han votado, de qué partido son y de qué partido no son, y por tanto eso nos permitía a nosotros saber en cada momento cómo iba la votación”. Es decir, ellos saben más que la JCE, ellos tienen el control, como en una dictadura.

Como diría un abogado de la vieja escuela: “No más pregunta, magistrado”. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Los responsables del fraude que suspendió las elecciones municipales están dentro de la Junta Central Electoral, en el PLD y en el Gobierno. No hay que buscar en ningún otro lugar.

Si, como dice el inefable Temístocles Montas, premiado con la presidencia del PLD, el Gobierno tiene un sistema de control de la votación que le permite saber cada hora cómo va la votación, quién vota, y por quien, la noche del sábado y el domingo en la mañana temprano, sabían que perderían las elecciones abrumadoramente, razón por la cual decidieron abortar el proceso y permitir la anulación de las elecciones.

Si este fuera un país verdadero, no una caricatura, si las instituciones fueran sólidas, si la justicia funcionara, si la JCE tuviera la fuerza que le otorga la ley, Temístocles Montas estaría siendo investigado, sometido a la justicia y probablemente encarcelado. Pero en este país no pasa nada, “to’e’to y na’e’na”.

Se supone que el voto es secreto, pero el presidente designado del PLD dice tener un sistema que le permite burlar ese mandato constitucional.

En realidad lo que ha dicho Montás es un disparate, una mentira más. Nadie sabe por quién vota cada ciudadano metido en una cabina, a menos que previamente le compren el voto, como sucedió durante las primarias del 6 de octubre del año pasado que le robaron a Leonel Fernández.

Se trata de extorsionar a los 700 mil empleados del Estado, al 23% del padrón de la JCE beneficiada con los planes asistenciales del gobierno. El PLD quiere meterle miedo a los que reciben bono gas, bono luz, tarjeta solidaridad, etc., diciéndole que saben por quién votaron en las elecciones.

Los partidos de oposición tienen que exigirle a la JCE que los expertos en fraudes electorales del PLD expliquen cómo es que tienen un sistema de control electoral que le permite saber cada hora cómo van las votaciones y por quién vota cada persona.