Ahora que la marea se alborotado a raíz del escándalo de Senasa, que la oposición, como una suerte de Cambalache, ha tratado de capitalizar, deberían caer por gravedad los reclamos para que se acelere la entrada en vigencia de la “Ley de extinción de dominio”, promulgada en 2022 por el presidente Luis Abinader.

Después de 12 años dando tumbos en los predios legislativos la legislación, que persigue el enriquecimiento ilícito, finalmente se aprobó, pero no ha podido habilitarse por la falta de reglamentos.

Como se ha explicado desde un principio la extinción de dominio es un procedimiento judicial, autónomo del penal, mediante el cual el Estado puede despojar a una persona de bienes procedentes de la corrupción administrativa, el narcotráfico, terrorismo, trata de personas, lavado de activos y otros delitos que lesionan la moral.

La herramienta ayudaría a recuperar esa otra República Dominicana, además de la actual, que según una presidenta de la Cámara de Cuentas se podía construir solo con los recursos sustraídos al erario.

Asombra el patrimonio acumulado por políticos, empresarios, comerciantes y militares, que llegaron a las posiciones con una mano “alante” y otra atrás, sin que se les conozcan otros ingresos más que los ordinarios. Es bien sabido que muchos, tras dejar los cargos, si han dado un golpe en la vida ha sido de la barriga. Por lo regular viven en torres o mansiones en sectores exclusivos, se desplazan un vehículos de alta gama, poseen fincas y villas de veraneo en Jarabacoa, Constanza o en algún punto turístico del país.

La Plaza de la Bandera espera para manifestaciones al estilo Marcha Verde para reclamar que se acelere la aplicación de una ley que debió entrar en vigencia en enero de 2023. Los congresistas postergaron luego la aplicación a partir de 2024, porque no se había aprobado la legislación complementaria como la creación de una entidad para la administración de los bienes incautados; presupuesto, la adecuación de los tribunales, la especialización del personal y la orientación a la ciudadanía.

A la fecha, sin embargo, no se sabe cuál ha sido el destino de una ley cuyo alcance se supone que comparten todos los sectores que hoy reclaman sanciones, sin distinción, sobre la corrupción en Senasa.

Con entonarse Cambaleche, aquel tango de Santos Discepolo, no hace más que caerse en lo ridículo. Pero si todavía existe alguna duda sobre la seriedad de la investigación solicitada por el presidente Abinader sobre el escándalo de Senasa se puede convocar a una gran manifestación frente a la sede de la Procuraduría General de la República para exigir que se llegue hasta las últimas consecuencias y que el caso no quede impune.