La Policía informó que uno de los que atracaron a un ciudadano canadiense en el estacionamiento de un banco en la avenida John F. Kennedy, es el mismo que fue descargado por el asalto a la ingeniera Francina Hungría, lo que consolida la queja de que delincuentes duran menos en la cárcel que cucaracha en gallinero.
Las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del banco donde se perpetró el atraco muestran a Melvin Pérez, alias Bululo, como la persona que disparó contra el extranjero y lo despojó de un maletín que contenía más de 200 mil pesos.
Todavía la población no se recupera del resabio que le provocó la noticia de que un tribunal liberó a todos menos uno de los involucrados en el asalto a la ingeniera Hungría, cuando ya la Policía informa que uno de esos antisociales baleó a un canadiense en el estacionamiento de un banco.
El Código Procesal Penal vigente aleja a los jueces de la divinidad y lo limita al examen simple de las pruebas de cargo y descargo que se presenten a su consideración, pero el juez está compelido a motivar su sentencia que se convierte en mensaje de aliento o desaliento para la sociedad.
En ausencia de orden, prevalece desorden y ante la carencia de autoridad, prevalece la anarquía, que es lo que se deriva cuando un juez, amparado en subterfugios garantistas retorna a la calle a delincuentes con extenso prontuario criminal.
Sin tomar en cuenta la figura jurídica de asociación de malhechores, ni de que se trató de un conciliábulo criminal para perpetrar un crimen violento, un tribunal penal condenó sólo al individuo que disparó contra la ingeniera Hungría y liberó a los demás participantes en esa acción criminal.
Hoy se cuenta la historia de que uno de los liberados, junto a otros secuaces, dejó por muerto a un ciudadano canadiense a quien despojaron de 200 mil pesos. Posiblemente se repita la historia de que un juez condene al tal Bululo y libere a sus cómplices “por insuficiencia de pruebas”.
Es poco lo que puede hacerse para afrontar la creciente delincuencia y criminalidad, si se mantiene el fatídico círculo que consiste en que la Policía apresa, el fiscal somete y el juez libera.