La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) hizo hoy un llamado al Gobierno para que sean respetados los derechos de los empresarios, comerciantes y consumidores en la aplicación de la ley 287-04 sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos.
La entidad dijo que la forma en que hacen cumplir esa disposición violenta otras leyes referentes al derecho de los consumidores y comerciantes.
Iván de Jesús García, en rueda de prensa realizada hoy en el hotel Barceló, admitió que hay problemas de alto sonido en las zonas urbanas del país y que está consciente de que todos deben cumplir con las leyes como lo establece la Constitución de la República, pero sin atropellos.
“Es un compromiso del sector comercial de la industria de música, ayudar a las autoridades a reducir al máximo dicho problema, orientando a los clientes sobre lo que contempla la Ley 287-04 sobre los derechos de los ciudadanos a vivir con tranquilidad, en tal sentido queremos que el sector comercio pueda ser parte de la solución” puntualizó García.
Zonas tolerancia
Dijo que en los últimos dos años, “nos reunimos con las diferentes autoridades que tienen a su cargo la aplicación de la Ley 287-04 y se han propuesto Zonas de tolerancia musical, para retirar el alto sonido de las calles y urbanizaciones, y hasta ahora solo se han logrado estas áreas en la ciudad de Santiago, en la Barranquita, aún quedan pendientes de certificar varias áreas más, y en la Vega”.
Denunció que en Santiago se presenta la contradicción que los agentes policiales, una vez terminada la actividad, esperan a los automovilistas a la salida de la Barranquita para extorsionarlos, esta situación tiene que finalizar.
Llamó al Ministerio de Medio Ambiente, procurador general de la Republica y el director general de la Policía, para que den fiel cumplimiento de la ley, ya que en su aplicación cientos de comerciantes y consumidores, son maltratados, son despojados de sus vehículos, le cobran peajes para evitar ser apresados, aún estando con los equipos apagados, supuestamente porque consideran que es un delito portar un equipo de música.
De igual forma manifestó que esta situación data de muchos años por lo que invita a las autoridades a tomar cartas en el asunto.
Altas multas
En el mismo orden habló el vicepresidente de la entidad, Leoncio Tavárez, quien dijo que por las altas sumas de dinero que piden por las multas, las cuales sobrepasan el costo del bien, la mayoría de los equipos se pierden.
Tavárez solicitó al Congreso Nacional una revisión y modificación de la ley 287-04. En ese sentido revisar y adecuar los decibeles, que se prohíban las incautaciones de equipos de música, ya que son permitidas las importaciones de dichos equipos.
“Este es el único país del mundo donde se permiten las importaciones y luego esos equipos son incautados. Son millones de pesos que nosotros pagamos de impuestos al Estado, ya no aguantamos más esta situación”, dijo.
