Las lluvias en las últimas semanas, que han puesto en Estado de alerta a todo el país, son la muestra más palpable de la vulnerabilidad del territorio nacional a los cambios climáticos y la necesidad de adoptar políticas que caranticen el desarrollo de la producción de bienes y servicios, particularmente la seguridad alimentaria.
Esa decisión política debe en primer lugar afianzar los mecanismos de protección de las áreas protegidas e impedir en ellas actividades que pongan en peligro, en primer lugar la producción de agua y posteriormente, el adecuado manejo de las mismas, aun en situaciones como las existentes en las últimas semanas.
Una de las medidas, que se deben adoptar y que su urgencia ha sido probada por las lluvias, es que el Gobierno debe ser firme en prohibir la construcción de viviendas y otras infraestructuras en áreas vulnerables.
Las lluvias han afectado más de cuatro mil 658 viviendas, de acuerdo con la presidenta de la Sociedad Ecológica del Cibao, Belkis García, las cuales estaban ubicadas en áreas vulnerables, por lo que planteó que esas familias sean ubicadas en otros lugares.
Citó además el caso del río El Violón, en Puerto Plata, que se secó en el año 2015 y se hicieron asentamientos en su cauce y las recientes lluvias arrasaron con esas estructuras habitacionales.
Valoraron como positiva la intervención del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Valle Nuevo y demandaron que igual política se aplique en las 120 áreas protegidas existentes, que son casi el 25 por ciento del territorio del país.
“Nosotros estamos muy de acuerdo con las medidas y la actitud en general del nuevo ministro, de básicamente aplicar la Ley de Áreas Protegidas”, dijo Yolanda León.
Recordó que el cambio ha sido de ministro, no de Ministerio, indicando que hay personas con 16 años en esa entidad que no han tenido una actitud rígida de hacer cumplir las leyes ambientales.
Al intervenir, Then recordó que los temas de mitigación y adaptación serán los principales áreas de cooperación de los países desarrollados.
Por ello, llamó a ratificar el Acuerdo de París, que aún cuando no es un requisito indispensable, puede facilitar al país acceder a los recursos del Fondo Verde, que prevé una financiación de 100 mil millones de dólares anuales por parte de los grandes países emisores de dióxido de carbono en apoyo a los más afectados.
