La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) calificó como oportuna y beneficiosa, la acción de inconstitucionalidad elevada por la Asociación Internacional de Derecho Penal, Grupo Dominicano (AIDP-GD), y la Asociación de Abogados de la Provincia Espaillat (AAPE) contra más de 50 artículos del nuevo Código Penal Dominicano (CPD).

Servio Tulio Castaños Guzmán recordó que de hecho, la Finjus había advertido que el texto aprobado vulneraba derechos fundamentales y que presenta una serie de inconvenientes técnicos, como duplicidad de condenas, redacción ambigua de algunos de sus artículos y sanciones desproporcionadas que violentan el principio de legalidad penal.

Precisó que hay, incluso, disposiciones de ese código, que como bien dicen las organizaciones accionantes, que contradicen convenciones internacionales de las que el país forma parte.

Castaños Guzmán precisó que, incluso, el CPD contiene una serie de tipos penales indeterminados que ya habían sido declarados inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Recordó, además, que la Finjus había advertido sobre la falta de coherencia interna, que atenta contra la dignidad humana y el debido proceso y sobre la existencia de algunas figuras imprecisas, que bien deben ser declaradas inconstitucional, como lo es el delito contra la moral pública.

“En sentido general, esta acción directa de inconstitucionalidad yo creo que hay, primero que saludarla; creo que es oportuna, porque al fin de cuenta lo que se aprobó, aunque hay avances desde el punto de vista técnico, hay artículos que contradicen la constitucionalidad”, dijo Castaños Guzmán.

Anunció que desde la Finjus se está elaborando una propuesta de modificación a dicho código que en su oportunidad será sometida para fines de ponderación.

Conforme al recurso elevado por ante el TC, el nuevo CPD contiene artículos que vulneran derechos y principios fundamentales consagrados en la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país, entre ellos convenciones de la ONU sobre delincuencia organizada y derechos del niño.

El recurso fue depositado por los juristas Pedro Virginio Balbuena Batista, Juan de Jesús Santos Santos, Emery Colombi Rodríguez Mateo y Elio José Delgado Vales, en representación de ambas entidades, los cuales tienen legitimación activa reconocida por el propio Tribunal Constitucional para accionar en defensa del orden constitucional.

“Nuestro interés es contribuir a que este Código Penal que va a regir la política criminal del país no sirva para vulnerar derechos fundamentales de las personas, sino más bien una herramienta para combatir la criminalidad, pero respetando el ordenamiento constitucional”, dijo Balbuena, quien encabezó al grupo de juristas accionantes y es coordinador de la Comisión de Litigios de la AIDP-GD.

Entre los artículos impugnados figuran los 2.10, 24, 49, 68, 142, 170, 214, 260, 284, 303 y 388, los cuales según los accionantes, contravienen los artículos 4, 6, 38, 39, 40, 44, 49, 56, 64, 65, 69, 74, 110 y 149 de la Constitución de la República Dominicana. Se invocan violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.