El arresto en flagrante delito de un procurador fiscal adjunto, quien recibió un soborno de 10 mil dólares para favorecer a un “testigo” en el caso SeNaSa, es un hecho en suma escandaloso y revelador de la gravedad de la corrupción administrativa y, por igual, una oportunidad para ofrecer ejemplo.

La información oficial del suceso, aportada por el Ministerio Público, indica que Aurelio Valdez Alcántara fue detenido en una operación controlada por un juez y luego de negociaciones con el ex funcionario Roberto Canaán Acta, usado de señuelo por las autoridades, para atrapar in fraganti al fiscal.

El hecho comprobable dimensiona la penetración de malas prácticas en servidores públicos, la permeabilidad de autoridades persecutoras y facilidad para destruir la honestidad que, como parte de sus principios, debe blindar las actuaciones en nombre de la sociedad en el combate a la delincuencia.

Por ser el atrapado en corrupción un depositario de autoridad, el castigo del hecho debe ser severísimo y ejemplo disuasivo de actuaciones similares que se presume quedan arropadas por el manto de impunidad, sin control judicial, y en casos alejados de exposición mediática por tener protagonistas anónimos.

La sanción administrativa disciplinaria debería ser previa al juicio penal, consistir en desvinculación para despojarlo de condición de fiscal, y dar paso al castigo en tribunales ordinarios sin el beneficio de jurisdicción privilegiada, cumpliendo el debido proceso y mostrando fortaleza y severidad sancionadora.

Este hecho cuestiona la integridad del Ministerio Público, es oportunidad para crear precedente disuasivo con sanción condigna a su gravedad y debe ser llamado a más persecuciones internas, controladas o no, en procura de eliminar malas prácticas que usuarios judiciales sospechan ocurren en otros casos, menos sonoros, y que éste podría ser apenas la puntita visible del tempano de hielo.