Ministerio Público y Policía tienen funciones complementarias, que deben cumplir de manera armoniosa, al primero le corresponde aplicar la política del Estado contra la criminalidad mediante la acción pública y a la segunda, mantener el orden, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica.

En ocasiones sus relaciones han sido tirantes en casos que ponen bajo lupa el límite de las respectivas responsabilidades, como ha ocurrido con el escandaloso incidente entre una fiscalizadora de La Romana, del distrito judicial de La Altagracia, y una patrulla policial de servicio en Higüey.

Las imágenes hablan más que las palabras y a juzgar por los vídeos difundidos en redes sociales, la fiscalizadora infractora es la faltante desde el origen del incidente al circular en vehículo sin placa, mandado a detener, hasta su comportamiento frente y dentro del cuartel policial higüeyano.

Interior y Policía tiene que reguardar el orden.

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Resulta preocupante que la fiscal titular de La Altagracia publicara un comunicado imprudente y mentiroso a raíz del incidente y que invocara “su condición de mujer” en referencia a la dama violadora de la ley como si fuese privilegio de inmunidad eximente de responsabilidad ante una infracción.

Si bien la patrulla actuante debió demostrar mayor pericia y efectividad para someter a la obediencia a la dama, indudablemente alterada en imágenes, sus miembros no faltaron al cumplimiento de su deber y ahora resulta que el Ministerio Público gestionó y logró órdenes judiciales de arresto a los agentes.

La situación solo será saldada si el caso concluye con sanción condigna para la fiscalizadora, si se aplica y se establece precedente de que la ley es igual para todos y que los primeros obligados a cumplirla son los depositarios de autoridad. De lo contrario, se desmoraliza el intento de reforma policial.