El vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP para la República Dominicana, periodista Miguel Franjul, advirtió ayer en Argentina que en el país se debe renovar la lucha en la defensa de la libertad de prensa y expresión para enfrentar las posibles cortapisas y limitaciones al derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos.
Dijo que esas cortapisas y limitaciones están en la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y otros proyectos legislativos.
“La libertad de prensa en República Dominicana presenta dos amenazas fundamentales que son: la aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que incuba limitaciones al derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, y otro proyecto legislativo en curso en el Congreso Nacional para imponer porcentajes y tarifas a la publicidad en los medios de comunicación”.
En su informe presentado en la reunión semestral de la SIP, que se celebra en Argentina, sobre la situación de la libertad de prensa en la República Dominicana ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa reunida en Salta, Argentina, que se lleva a cabo del 19 al 23 de octubre del 2018, dijo que la aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y los otros proyectos han despertado las alarmas en la prensa independiente de la República Dominicana ante los imprevisibles alcances que pudieran tener tales normativas.
Precisa que los temores que aviva esa ley es que, caprichosa o subjetivamente, abre campo a infinidad de supuestos para tipificar o calificar entre lo “negativo” o lo “positivo” de una expresión sobre un candidato o para medir el grado de daño a la imagen de este, ya que ninguno de estos calificativos guardan relación con la veracidad de la información o invaden el ámbito de la privacidad.
“Con esto se corre el riesgo de que cualquier ciudadano que se haga eco de la información de una red social sea pasible a penas de prisión de hasta dos años, mas las multas”, precisa el también director del Listín Diario.
Ambas iniciativas, que vienen a unirse al proyecto para establecer una Ley de Medios de Comunicación, actualmente bajo estudio de una comisión bicameral del Congreso, abren de nuevo el camino para una renovada lucha en la defensa de la libertad de prensa y expresión enfrentando las posibles cortapisas que podrían afectarla con dichas legislaciones.
Explica que el caso de la recién promulgada ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, va más allá de su propósito original de regular la constitución y el funcionamiento de estas entidades, y se excede con disposiciones que castigan con penas de multas y prisión la “difusión de mensajes negativos, a través de las redes sociales, que empañen la imagen de los candidatos” (Articulo 44 numeral 6).
Indica que para disponer de estas penalidades, la ley de partidos se apoya en artículos de la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, pero lo preocupante es que en ella subyace un implícito atentado contra derechos y principios fundamentales consagrados en la Constitución de la República, entre ellos el de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la información pública.
“Ya ha sido introducido un recurso de inconstitucionalidad para anular esta parte de la ley, bajo el argumento de que en una campaña electoral la ciudadanía tiene derecho a obtener información relacionada con el accionar de los candidatos, sea esta negativa o positiva.