Fraude

Mafias organizadas han incurrido en un fraude por más de cien millones de pesos en perjuicio del Sistema de Seguridad Social, con la inscripción de nóminas falsas o ficticias de trabajadores, una acción ilegal que causa grave perjuicio al sistema de pensiones.

Como ejemplo de la magnitud de ese fraude se mencionó el caso de un supuesto empleador que inscribió en el Régimen de la Seguridad Social dos mil empleados con sueldos de menos de mil pesos mensuales, lo que obliga a la Tesorería Social a erogar unos cuatro mil 500 pesos mensuales por cada uno de esos trabajadores y sus familiares.

Esas bandas cobran hasta cinco mil pesos por inscribir en el Régimen Contributivo a falsos trabajadores, lo que ha causado un desequilibrio financiero en el sistema que ya ronda el 40 por ciento, conforme a denuncia presentada ante el Senado por el director de la tesorería de la Seguridad Social, Henry Sadhalá.

El Sistema de la Seguridad Social no resistiría el nivel de pérdidas de cien millones de pesos anuales que provoca ese fraude que se perpetra al amparo de una resolución que permite la modalidad de salarios parciales y la obligatoriedad del Estado a garantizar salud y pensiones a esos trabajadores.

Es claro que las autoridades tienen la obligación de detectar a los grupos mafiosos que incurren en ese cuantioso fraude que pone en peligro una conquista que como la Seguridad Social, tiene la condición de sagrado.

Violatorio

El Gobierno de Haití insiste en aplicar una agenda de confrontación contra República Dominicana, esta vez con la insólita decisión de restringir el ingreso por tierra de 23 productos fabricados o procedentes de territorio nacional, lo que viola un Memorándum de Entendimiento firmado por ambas naciones en 2014.

Esa medida, violatoria también a acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), causaría cuantiosas pérdidas a industriales y exportadores, pero también encarecería los precios de esos productos en el mercado haitiano, con lo que se demuestra que las autoridades de ese país no paran mientes cuando se trata de dañar aún más las deterioradas relaciones entre los inquilinos de la isla.

Al Gobierno dominicano no le queda otro camino que reclamar ante la OMC que Haití ponga fin a esas prácticas de restricción comercial, que a todas luces solo tienen el propósito de molestar.