Por su función destructiva, más de 70 países han bloqueado o restringido el acceso a las redes sociales (RR.SS.), y en otros han regulado sus textos. Por mandato de su ultraliberal Constitución, en la República Dominicana para contrarrestar el perjuicio que causan a los usuarios junto a los videos y blogs, se impone como antídoto preventivo la instrucción colectiva y la sólida formación comunicacional universitaria de los emisarios -influencers, creadores de contenidos y ciudadanos comunes-, y como correctivo la aplicación rigurosa de la pena de prisión tras la difusión de mensajes ilegales.
En los social media proliferan los discursos que amenazan la seguridad nacional y la salud, las violaciones a la privacidad, las mentiras y noticias falsas, las estafas, el robo de identidad y datos personales, el ciberacoso, el exceso de los bots (softwares automatizados que, en sitios web, imitan el comportamiento humano, frecuentemente con propósitos maliciosos), la promoción del terrorismo, la venta de estupefacientes, la pornografía infantil, el sensacionalismo, la difamación e injuria, las conspiraciones y las imágenes aterradoras.
Las plataformas virtuales son infraestructuras universales en internet, difíciles de controlar, conminan a la implementación de un estatuto normativo coherente, para disminuir o eliminar el trance hacia la fatalidad, los delitos y el irrespeto a la dignidad humana. Partiendo de ese pronunciado vacío, proponemos cinco prontuarios limitativos del atropello a la libertad de expresión:
1.- Aplicar rigurosamente las sanciones de prisión carcelaria estipuladas en el Código Penal Dominicano.
2.- Aprobar nuevas leyes comunicacionales regulatorias, nacionales y globales, con apremios corporales.
3.- Difundir con más intensidad y aplicar las reglas de bloqueo familiar, especialmente a los niños y menores de edad.
4.- Reenfocar el algoritmo por parte de los proveedores universales del servicio, para dosificar los textos de los usuarios.
5.- Planificar a largo plazo la creación de una RR.SS. nacional, igual que China, Rusia y Japón, con una gran inversión tecnológica y humana.
En este tramo enmarañado de la contemporaneidad, con la supremacía de la economía digital en la sombrilla del paradigma posneoliberal, son un desafío para los ingenieros y cientistas la reglamentación tanto de estas plataformas como de la Inteligencia Artificial (IA), en el terreno universal y en la particularidad de legislaciones nacionales, con la inclusión y la alfabetización informacional, para la reducir la brecha digital.
En las RR.SS. se navega en un océano proceloso e irreconocible, e ingenieros en redes y telecomunicación las definen como una amenaza existencial para la humanidad. Su regulación no ha de ser aislada ni fragmentada, sino con un enfoque internacional coherente, en el que predomine el derecho del acceso a la información de interés, la transparencia, la moderación de contenido (palabras e imágenes) y el bien público.
