El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, ha acusado al procurador general, Francisco Domínguez Brito, de adoptar una postura inmadura, irreflexiva e irrespetuosa frente a la justicia, y de llamar a una desobediencia civil contra el Poder Judicial.
Las severas imputaciones vertidas por el magistrado Germán Mejía contra el titular del Ministerio Público provocan un giro aún más preocupante en torno al oleaje de cuestionamientos contra el sistema de administración de justicia.
El procurador Domínguez Brito llegó a proclamar que “el sistema de justicia dominicano se ha convertido en el escudo ideal para todo tipo de delincuencia y corrupción administrativa”, y no tener la valentía y responsabilidad de establecer un régimen de consecuencias que ponga freno a la prevaricación.
Una anonadada opinión pública asiste ahora a un enfrentamiento entre dos instancias del Poder Judicial, sobre cuyos hombros descansa la responsabilidad de trabajar por el fortalecimiento de la institucionalidad jurídica y de proveer una sana administración de justicia.
Germán Mejía ha dicho que miembros del Ministerio Público han incurrido en actos que los ligan a las drogas, sin que por esa causa haya pedido la renuncia del procurador general ni de llamar a protestas públicas. Es claro que en el edificio que aloja a ambas instituciones se intercambian cañonazos.
El procurador general recurrió la sentencia del juez Alejando Moscoso Segarra que declaró un no ha lugar en favor del senador Félix Bautista y compartes, acusados de prevaricación y lavado de dinero, con lo cual ejerció un derecho que no requería ventilarse en la prensa.
Lo peor de todo es que ahora no hay árbitros con calidades jurídicas para intervenir ante un eventual enfrentamiento sin cuartel entre el presidente de la Suprema Corte y el procurador general, que sería también entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Aun así, es menester reclamar que quienes participan o promueven este torbellino en torno al Poder Judicial recuperen la racionalidad y eviten males como sería la consecuencia de una manifiesta intención de que del vetusto edificio de la justicia dominicana no quede piedra sobre piedra.