Así como el Gobierno no debería sustentarse en la imposición, tampoco la oposición se ejerce en base a la sinrazón, porque sus roles, aunque se confrontan, también se complementan en la obligación y deber de promover pluralidad, legitimidad y consenso responsable.

Se gobierna con prudencia, sabiduría, en consonancia con la ley, alineado con los demás poderes públicos y en constante comunicación con los diversos sectores de la sociedad.

La oposición política se ejercita con buen juicio, sin sobrepasarse, siempre en procura de mercadear las mejores iniciativas o alternativas de solución ante los diversos temas contenidos en la agenda de urgencias nacionales.

Constituye un gravísimo error que desde el litoral oficial o desde la plataforma opositora se intente convertir lo que debe ser un escenario propicio al debate fecundo y en útil consenso, en un cuadrilátero de boxeo.

Cuando faltan menos de dos semanas para el inicio de un nuevo periodo constitucional, se pretende convocar a la población a un Coliseo Romano y no a una peña de racionalidad de la clase política que ayude a construir consenso.

La población pierde muy rápidamente la esperanza de que Gobierno y oposición arriben a un mínimo acuerdo en torno a temas fundamentales de gobernanza y economía como las leyes de Partido y de Reforma Electoral y los pactos Eléctrico y de Fiscalidad.

Un posible acuerdo sobre la integración de las salas capitulares se ha convertido en el primer motivo de frustración ciudadana, que desde ya comienza a descartar la posibilidad de que alguna vez, durante los próximos cuatro años, los bandos políticos acepten halar la cuerda en la misma dirección.

Ojalá que el liderazgo opositor no se enceguezca y termine por ceder todo el espacio a un gobierno compelido a afrontar, con o sin su concurso, compromisos improrrogables como salud, seguridad pública y generación de empleos, porque los éxitos serían del sector oficial y, en caso de fracasos, el dedo señalaría en otra dirección.