La irrupción de un grupo de haitianos al consulado dominicano en Puerto Príncipe, en cuyo techo se arrió la bandera nacional y se ondeó la haitiana, constituye una agresión contra la soberanía de la República que el Gobierno está compelido a denunciar ante organismos multilaterales.

Previamente, la sede consular fue objeto de un ataque a pedradas por enfebrecidos manifestantes que quemaron un lienzo tricolor y amenazaron con linchar a dominicanos residentes en Haití, en un cuadro de violencia que pudo degenerar en tragedia mayor.

Una entidad que agrupa a políticos e intelectuales haitianos, organizó una marcha para denunciar supuestos actos de xenofobia y racismo que se ejercería en República Dominicana contra inmigrantes de ese país, cuyos patrocinadores nada hicieron para impedir la agresión contra el consulado dominicano.

El Gobierno ha advertido a las autoridades haitianas que la paciencia tiene un límite y que no aceptará una campaña en la que se le tilde de xenófobos, aunque parece necesario que la diplomacia dominicana envíe claras señales de disgusto por ese inaceptable acto hostil e intimidatorio.

Horas antes de ese repudiable acto, el ministro de Defensa de República Dominicana había ofrecido seguridades de que las sedes diplomáticas y consulares dominicanas en Haití serían protegidas ante denuncias de que turbas intentarían atacarlas. Es evidente que esa garantía no resultó efectiva.

Llama la atención que esa marcha y el ataque al consulado dominicano en Puerto Príncipe se escenificaran días antes del inicio de la reunión en Las Bahamas de líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom), que abordarán la posible integración de República Dominicana a ese esquema de afiliación.

Tal parece que esos sucesos no fueron del todo fortuitos, más aun si se toma en cuenta que el personal de otro consulado dominicano en Haití fue virtualmente secuestrado por una turba de haitianos, y cuya liberación requirió la mediación de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah).

Ante esa inaceptable ofensa, el Gobierno dominicano debe disponer de absoluta seguridad a sus sedes consulares y diplomáticas, así como a su personal, imponer rígidos controles militares y migratorios en la frontera y congelar al mínimo nivel las relaciones con Haití, como consecuencia de lo sucedido.